Ataque contra sede venezolana define devenir de derecho internacional

En entrevista con Prensa Latina, el también abogado calificó esta acción como una nueva agresión unilateral desde la Casa Blanca violando la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas.

Los artículos 22 y 45 de ese texto establecen la obligación jurídica del Estado receptor, aun en caso de rompimiento de las relaciones, de preservar las instalaciones ocupadas por la representación diplomática de la otra nación, explicó.

De acuerdo con Rivero, por ese motivo, la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela podría tomar debate sobre el asunto en sesiones venideras.

El Gobierno bolivariano debe elevar su propuesta ante esta situación ilegal y acudir a los organismos internacionales a exigir el cumplimiento de los tratados, convenios, pactos internacionales que regulan la materia, aseveró.

La acción plantea un mal precedente que pudiera marcar el devenir del derecho internacional público, la autodeterminación, el respeto a la soberanía nacional y la coexistencia pacífica.

Rivero consideró además que el desajolo de la sede es un aliento para quienes pretenden hacer de la violencia la forma de dirimir las controversias, tanto en el escenario nacional como en el plano internacional.

Esto pudiera generar situaciones similares en otros lugares a consecuencia de las vías de hecho que implementan como forma de abordar diferencias entre dos estados.

'Tenemos que exigir todas las acciones legales para el cumplimiento de la convención de Viena, la Carta de Naciones Unidas y los principios rectores del derecho internacional público', enfatizó.

La acción se inscribe en una gran estrategia de amedrentamiento, de tratar de posicionar a un gobierno ilegítimo con el nombramiento de otros venezolanos vinculados al Departamento de Estado, con los servicios de inteligencia, con el Pentágono, denunció el diputado.

De esta forma la oposición continúa generando violencia y caos en el país en lugar de contribuir a la paz, mientras que el Gobierno estadounidense sigue al margen del derecho internacional público, concluyó.