Acercamiento entre líderes religiosos de EE.UU. y autoridades cubanas

A pesar del incremento de la hostilidad del Gobierno de Estados Unidos contra Cuba, los acercamientos entre ambos pueblos se mantienen hoy como demostraron representantes religiosos norteamericanos en un encuentro con autoridades de la isla.

En su reciente visita a la sede de la Misión Permanente de Cuba ante la ONU, el director general para Estados Unidos de la cancillería del país caribeño, Carlos Fernández de Cossío, se reunió con miembros eclesiásticos y ofreció detalles de los más recientes sucesos en la mayor de las Antillas.

Además, se discutió sobre la activación del Título III de la Ley Helms-Burton, una medida de la administración de Donald Trump.

El presidente del Servicio Mundial de Iglesias, John McCullogh, el canon del obispo primado Michael Curry de la Iglesia Episcopal, Charles Robertson, y el director de la oficina ante la ONU del Consejo Mundial de Iglesias, Douglas Leonard, participaron en el encuentro.

También lo hicieron el director de la Oficina ante la ONU de la Iglesia presbiteriana, Ryan Smith, y la miembro de la oficina ante la ONU del Consejo Mundial de Iglesias Donna Bollinger.

Por la parte cubana asistieron, además, la representante permanente alterna de Cuba ante la ONU, Ana Silvia Rodríguez, y otros altos funcionarios de esa sede diplomática y del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En recientes declaraciones a Prensa Latina en su visita a Washington, Fernández de Cossío señaló que la activación en Estados Unidos este 2 de mayo del Título III de la Ley Helms-Burton contra Cuba constituye un obstáculo para cualquier arreglo futuro o mejoría de las relaciones.

A través de tal mecanismo se da la posibilidad a ciudadanos estadounidenses de demandar en las cortes norteamericanas a personas y entidades, incluso de terceros países, que inviertan en el territorio cubano en propiedades nacionalizadas tras el triunfo de la Revolución el 1 de enero de 1959.

De acuerdo con Fernández de Cossío, la Ley Helms-Burton, aprobada por el Congreso norteamericano en 1996 y que codifica el bloqueo de casi 60 años contra el territorio antillano, 'se concibió, ante todo, para hacer prácticamente imposible una futura mejoría de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos'.

A decir del funcionario, la controvertida normativa buscó atar las manos de cualquier presidente norteamericano, incluso si ese consideraba que llegar a un acomodo civilizado y respetuoso entre ambas naciones era de interés de Estados Unidos.

Si bien esa ley entró en vigor hace 23 años, todas las administraciones hasta ahora habían suspendido la aplicación de su Título III, dados los perjuicios que implicaría para el propio Estados Unidos, cuyo sistema judicial podría tener que lidiar con gran cantidad de demandas.

El Gobierno de Trump, sin embargo, decidió revertir esa postura y permitir las acciones legales, como parte de una serie de medidas agresivas adoptadas contra la mayor de las Antillas a pesar de la oposición de diversos sectores estadounidenses.