Ilegalidades del Ordenamiento Territorial y Urbanístico

El enfrentamiento a las ilegalidades del Ordenamiento Territorial y Urbanístico sigue siendo una deuda. Los resultados dados por el presidente del Instituto de Planificación Física (IPF), Samuel Rodiles Planas, así lo confirmaron durante su intervención en la Comisión de Industria, Construcción y Energía, que sesionó recientemente en el Palacio de Convenciones de La Habana.

El titular del IBF aseguró que en 2018 se comenzó con 112 529 ilegalidades vinculadas con el Ordenamiento Territorial y Urbanístico, pero en el segundo semestre la cifra aumentó a 115  847 (3 318 más).

«Los gobiernos planificaron erradicar 21 723 ilegalidades a inicios de año y lograron, hasta el 31 de diciembre, eliminar un total de 20 495, lo que representa el 94 % del plan anual del país. Sin embargo, de enero a diciembre de 2018, por controles del Sistema de la Planificación Física (spf) se detectaron 20 376 nuevas ilegalidades, de las cuales hoy quedan pendientes unas 1 146», explicó Rodiles Planas.

Agregó que continúa sin poder detenerse en los consejos populares el surgimiento de nuevas ilegalidades, por conceptos paternalistas y tolerantes, y existe una limitada participación de las organizaciones de masas en el enfrentamiento de las mismas.

Igualmente, predomina la falta de exigencia, control y seguimiento por el Grupo de Enfrentamiento de los gobiernos municipales a los inspectores, lo que crea impunidad.

Continúa siendo insuficiente la cohesión de trabajo entre las autoridades municipales, prevalece la justificación ante la acción inmediata, así como una deficiente divulgación a la población de las regulaciones urbanas aprobadas por los gobiernos municipales.

Al referirse al traspaso de funciones de Vivienda, Rodiles Planas aclaró que se han procesado 257 335 trámites constructivos, quedando pendientes: en término 9 521 y fuera de término 2  759. Continúan con mayor incidencia los Dictámenes Técnicos de Descripción, las Regulaciones Urbanas, los Certificados de Habitable por Remodelación y las revisiones de Proyecto.

Ante esta realidad, continúan existiendo deficiencias en la calidad de las microlocalizaciones elaboradas por las direcciones proviciales y municipales de Planificación Física. En las comisiones provinciales de Compatibilización de Inversiones no se logran sistematizar las visitas a las obras durante su ejecución y terminación, incidiendo esto último en la emisión de los Certificados de Habitables, fundamentalmente para las viviendas.

Se visibilizan reiterados problemas de calidad en la elaboración de la documentación de los servicios técnicos que se brindan a la población, y se incumplen los tiempos que establecen las normativas legales para los trámites y emisión de los documentos correspondientes.

Sobre todas estas incidencias, y de cara al 2019, el Presidente de dicho Instituto expuso entre sus principales proyecciones de trabajo aquellas encaminadas a aprobar nuevos instrumentos de ordenamiento territorial urbano, así como establecer e implementar los procesos y procedimientos para la confección y emisión de las certificaciones catastrales en función de agilizar los trámites a la población.

Realizar un ciclo de controles funcionales que abarque todas las provincias del país y no menos de 30 municipios, para igualmente velar por los términos de tiempo para la emisión de documentos; realizar revisiones técnicas y de control de funcionamiento en todos el país, y lograr una mayor capacitación y formación de especialistas en dicho campo; forman también parte de las acciones.

Ilegalidades más representativas y frecuentes:

- Violaciones de regulaciones urbanísticas y de proyectos.

- Construcciones, ampliaciones y reposiciones de viviendas sin la documentación establecida.

- Cambios estructurales de locales y construcciones de inmuebles sin la documentación establecida.

- Construcciones de obras para otros usos (trabajo por cuenta propia) utilizando autorizo expedido para vivienda.

- Ocupaciones de suelos con destino al turismo, la agricultura o la industria.

- Ampliaciones en áreas de uso común de edificios multifamiliares (cuartos, baños, cocinas y garajes).

- Construcción de viviendas sin un mínimo de urbanización, dando lugar a otras ilegalidades como la contaminación del suelo y el uso no autorizado del agua y la electricidad.