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El TSJ solo considera válidos los nombramientos realizados el 25 de julio 2018 por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, de los integrantes de Pequiven, y los del 17 de octubre de 2018 por la Asamblea General Extraordinaria de Accionista de la Sociedad Monómeros Colombo Venezolana.
'Cualquier actuación en nombre y representación de Pequiven y sus filiales que no sean realizadas por la única representación válida de éstas no compromete los intereses del Estado venezolano', destacó el texto.
Los ciudadanos incluidos en la supuesta junta nombrada al margen de la ley 'incurren en delitos de usurpación de funciones y otros delitos de acción pública consagrados en el ordenamiento jurídico penal venezolano relativos a la corrupción, delincuencia organizada y terrorismo, entre otros', añadió.
Por tanto, el TSJ decretó la prohibición de salida del país, de enajenar y gravar bienes de su propiedad, bloqueo e inmovilización de cuentas o cualquier otro instrumento financiero como medidas cautelares a los involucrados.
De igual forma, exhortó a la Sala de Casación Penal a iniciar los trámites pertinentes para el traslado de los ciudadanos implicados al país, al tiempo que solicitó al Gobierno Nacional y Petroquímica de Venezuela S.A a tomar las medidas pertinentes para proteger la actividad petroquímica.
El pasado 19 de marzo, la Comisión Permanente de Energía y petróleo de la AN nombró como otra de sus acciones ilegales una supuesta nueva junta directiva de Pequiven y Monómeros Colombo Venezolano S.A.
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