Cuba califica la Ley Helms-Burton de obstáculo en nexos con EE.UU.

Al intervenir en un debate de la Comisión de Relaciones Internacionales, en el Palacio de las Convenciones, el director para Estados Unidos de la cancillería, Carlos Fernández de Cossío, precisó que se trata por su complejidad y objetivos de una ley sin precedentes aplicada contra cualquier país.

'Mientras no se borre esta ley, no es creíble ni sostenible la idea de que los dos países puedan mejorar sus relaciones', señaló.

De acuerdo con Fernández de Cossío, prueba del obstáculo que representa la iniciativa -considerada en la isla un engendro jurídico- fue la etapa de la gestión del anterior presidente, Barack Obama, en la que se produjo un acercamiento bilateral (2015 y 2016).

El funcionario explicó en la Comisión de la Asamblea Nacional del Poder Popular que la Ley Helms-Burton refleja la manera en la que el imperialismo estadounidense ve a Cuba y su meta de lograr que se convierta en una dependencia colonial.

La sesión parlamentaria tuvo lugar en un contexto de escalada en la agresividad de la administración de Donald Trump hacia la mayor de las Antillas, con el fortalecimiento del bloqueo económico como punta de lanza.

En particular, la Casa Blanca utiliza la amenaza y el chantaje político, a partir del empleo del Título III de la Ley Helms-Burton, un capítulo de alcance extraterritorial dirigido a la asfixia económica de Cuba, que anteriores gobiernos en Washington evitaron permitir su plena ejecución.

Sin embargo, Fernández de Cossío alertó que la iniciativa anticubana se aplica prácticamente en su totalidad desde la entrada en vigor en 1996.

El complejo texto contiene cuatro títulos, y su esencia es apostar por el cambio de régimen en la isla.

Según el director general para Estados Unidos de la cancillería, la ley se basa en dos mentiras, la consideración a Cuba como una amenaza a la seguridad nacional del país norteño y que las nacionalizaciones realizadas en los primeros años de la Revolución no fueron legales.

En ese sentido, subrayó el pleno apego al Derecho Internacional de aquel proceso, y el hecho de que Estados Unidos no aceptó negociar compensaciones porque su apuesta era derrocar la Revolución.

Al instalar el debate, la presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales del Parlamento, Yolanda Ferrer, señaló que la Ley Helms-Burton representa un ataque directo a la soberanía y al sistema político de la mayor de las Antillas.

Asimismo, ratificó que la misma es inaplicable y cuenta con el rechazo de los cubanos.