Convocan marcha contra juicio a líderes separatistas catalanes

Numerosas organizaciones de la sociedad civil anunciaron hoy su adhesión a la marcha convocada para el próximo sábado en esta capital, en rechazo al juicio que 12 líderes secesionistas catalanes afrontan en el Tribunal Supremo (TS) español.

Los organizadores de la protesta -más de medio centenar de entidades sociales, republicanas y antifascistas madrileñas- confirmaron que se sumarán a la manifestación programada para ese día por el movimiento independentista de Cataluña.

En una rueda de prensa, la portavoz de la Coordinadora 25S, Elena Martínez, anticipó que al lema La autodeterminación no es delito, planteado por las agrupaciones separatistas, se unirá el de No hay democracia sin derecho a decidir.

'Madrid no quiere ser cómplice de la represión al pueblo hermano de Cataluña ni consentir la deriva autoritaria del Gobierno español', denunció la dirigente de la citada plataforma, heredera del conocido Movimiento 15M o de los Indignados.

Con esta movilización queremos demostrar que hay mucha gente a favor del diálogo y la democracia, frente a 'derivas autoritarias y represivas', explicó Martínez.

Según el criterio de los convocantes, el proceso judicial iniciado el 12 de febrero en el TS no es solo contra las personas que se sientan en el banquillo de los acusados, sino contra todo el pueblo catalán.

El derecho de autodeterminación está reconocido por las Naciones Unidas, pero 'sistemáticamente es negado por el Estado español', criticaron.

A la marcha, que discurrirá desde la plaza de Atocha hasta la fuente de Cibeles, en pleno centro de esta urbe, se espera que acudan más de 50 mil personas procedentes de Cataluña, comunidad autónoma del noreste del país europeo, para lo cual se fletarán 380 autobuses.

De acuerdo con sus promotores, también está confirmada la presencia de colectivos que se desplazarán a la capital de España desde las regiones de Galicia, Castilla y León, Andalucía, País Vasco y Asturias.

La causa contra los 12 líderes políticos y sociales separatistas, nueve de los cuales llevan encarcelados desde hace más de un año, comenzó hace cuatro semanas en la sede del Supremo.

Son juzgados por su papel en el referendo de autodeterminación del 1 de octubre de 2017, prohibido de antemano por la justicia española, y la ulterior declaración unilateral de independencia de la rica región nororiental.

La Fiscalía pide para ellos penas de entre siete y 25 años de cárcel por los delitos de rebelión, malversación y desobediencia, mientras que la Abogacía del Estado las rebaja a entre siete y 12 años al acusarlos de sedición -no de rebelión-, además de los otros cargos.