sábado, 19 octubre 2019, 23:34
Miércoles, 26 Diciembre 2018 10:39

López Obrador y su paquete económico

Escrito por  Javier Buenrostro / RT
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El presupuesto que ha propuesto López Obrador tiene una gran diferencia con los gobiernos anteriores ya que los mayores cambios se han dado para aumentar lo destinado a las políticas de bienestar social. 



El pasado lunes 24 de diciembre se aprobó en el Congreso mexicano el Paquete Económico y el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el 2019. Más allá de los discursos, la manera en cómo se gasta cada peso y centavo muestra en realidad las cuestiones a las que les da importancia cada gobierno. Algunos buscan ayudar a bancos y banqueros; otros gastan todo su dinero en gasto corriente sin realizar inversiones, como lo hizo el gobierno de Vicente Fox (2000-2006) con los excedentes petroleros durante la primera alternancia partidista en México.

El presupuesto que ha propuesto López Obrador tiene una gran diferencia con los gobiernos anteriores ya que los mayores cambios se han dado para aumentar lo destinado a las políticas de bienestar social. AMLO empieza cumpliendo lo que, junto a la corrupción y la austeridad, ha sido su bandera principal por muchos años: por el bien de todos, primero los pobres. La Secretaría de Bienestar y la Secretaría del Trabajo tendrán un sustancial aumento en sus presupuestos ya que ellas operarán programas emblemáticos del gobierno como la pensión universal para adultos mayores, el lanzamiento y funcionamiento de cooperativas y créditos sociales así como el programa de empleos y becas de capacitación para 300.000 jóvenes que son la proyección del México que queremos para el futuro.

Otro punto interesante en el presupuesto es que se busca disminuir el gasto corriente y aumentar el gasto en inversión. ¿Cómo se hace esto? Se detectaron organismos y áreas que tienen duplicidad de funciones por lo que se eliminaron esos sectores y sus plazas, muchas creadas en gobiernos anteriores para darle trabajo a los amigos o familiares. Ese ahorro se pretende dedicarlo a programas de infraestructura que puedan detonar el crecimiento de la economía mexicana, sobre todo en el sureste del país, donde se propone la construcción de dos rutas ferroviarias y donde existen mayores niveles de pobreza. El Estado pretende ser más eficiente y hacer más con menos como lo ha dicho López Obrador.

También se redujeron los salarios de la mayoría de los altos mandos a la vez que hubo un incremento en el salario mínimo de casi el 15%, que pretende ser quizá el primero de varios ajustes en cuanto al ingreso de los trabajadores. Hay que recordar que México es uno de los países con peor salario mínimo en todo el continente ya que apenas se encuentra en el orden de los 130-140 dólares mensuales; un verdadero insulto a la clase trabajadora. Aunque todavía es bastante largo el camino de la justicia salarial, AMLO ha dejado en claro que lo que se busca es disminuir las desigualdades, no por decreto, pero si restringiendo el privilegio de los de arriba. Como buen juez que por su casa empieza, AMLO aplicó una reducción del 60% al sueldo del presidente y sus principales colaboradores. La mala noticia es que todavía hay viejos sectores de la burocracia dorada, como el Poder Judicial, que no quieren renunciar a esos privilegios.

Ha habido críticas al presupuesto ya que muchos sectores contemplan reducciones en sus asignaciones, pero hay que tener en cuenta que estos reajustes vislumbran las reestructuraciones que mencionamos líneas arriba para evitar duplicidades o la reducción de una plantilla laboral que no tenía mucho sentido como los cientos de asesores con los que contaban los mandos superiores. La disminución presupuestaria también contempla una reducción en los gastos de las secretarías (ministerios) a través del programa de compras consolidadas que ayudará a combatir la corrupción rampante que existía en las adquisiciones, al igual que la eliminación de gastos superfluos y suntuarios a los que estaban acostumbrados gobiernos anteriores. Se ha diseñado el presupuesto para que las reducciones no afecten las áreas sustantivas de las instituciones.

El resto del paquete económico muestra el interés de mantenerse en una ortodoxia financiera para mantener finanzas públicas sanas y responsables. No hay aumento de la deuda (una pesadísima carga que nos heredaron las administraciones anteriores) y la proyección de la inflación se calcula menor que la de 2018. El crecimiento económico se prevé entre 1,5% a 2,5% para el año entrante y aunque es conservador no está alejado del promedio continental y es mejor que lo que se pronostica en la mayoría de los países europeos o Estados Unidos. El manejo adecuado de los indicadores macroeconómicos es de las principales preocupaciones del nuevo gobierno ya que sabe bien que las miradas internacionales están puestas en estos rubros.

La ejecución del gasto

AMLO prometió desde la campaña que no habría más impuestos ya que primero desea demostrar que hará mejor uso de los recursos que otros gobiernos. La propuesta parece lógica y es encomiable pero sin duda en este paquete económico hace falta una política más estricta en la mejora de la recaudación fiscal, uno de los lastres históricos del Estado mexicano, que suele recaudar poco y mal. Es una deuda pendiente que esperemos se salde en el transcurso del gobierno obradorista.

Es claro que los intereses del gobierno de López Obrador están centrados en reducir las desigualdades a través de un programa redistributivo del gasto social. No hay nada más revolucionario que un manejo responsable y justo del presupuesto y esto es lo que está demostrando López Obrador a pesar de encontrarse restringido por los altos intereses de la deuda que ha heredado y un gasto corriente que estaba comprometido con anterioridad. Atacando privilegios, con un manejo austero de las finanzas y un combate frontal contra la corrupción, López Obrador está empeñado en hacer más con menos y distinguirse de gobiernos anteriores que se servían con la cuchara grande.

Ahora solo falta una ejecución efectiva de ese gasto social y que no se quede en los intermediarios de siempre, como sucedía en los gobiernos anteriores. López Obrador deberá implementar un control férreo y formas más directas para la distribución de esos recursos ya que hasta ahora el mayor porcentaje del gasto social se destina a las burocracias administrativas y a delegados políticos que suelen darse vida de virreyes. El presupuesto ha sido un primer e importante paso pero también falta mejorar en la ejecución del gasto.

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