jueves, 18 abril 2019, 16:30
Domingo, 23 Diciembre 2018 11:53

La nueva Constitución y el país que viene

Escrito por  José Armando Fernández Salazar / ACN
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La flamante Carta Magna es el resultado de un proceso de construcción colectiva que contó con la participación de alrededor de seis millones de cubanos.



El voto unánime de los diputados cubanos por la nueva Constitución y la convocatoria a un referendo popular para su aprobación cerraron una intensa semana de trabajo que puede catalogarse de histórica por el impacto de estos y otros acuerdos en el mediano y largo plazo del devenir de la nación.
  
La flamante Carta Magna es el resultado de un proceso de construcción colectiva que contó con la participación de alrededor de seis millones de cubanos, cuyo ejercicio legislador, único en el mundo, redundó en la transformación de más del 60 por ciento del articulado.
  
Como expresara Miguel Díaz-Canel, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, en sus palabras en la conclusión del II período de sesiones de la IX legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, la consulta popular por casi 90 días sirvió además para acercarse a los temas y preocupaciones de la gente, lo cual, adelantó, tendrá su impacto en el proceso de toma de decisiones gubernamentales.
  
Si bien la Constitución debe esperar por la aprobación del referendo para entrar en vigor, su apego a las nuevas realidades socioeconómicas del país y su proyección jurídica hacen que gran parte de sus planteamientos sean normas de hecho para la cotidianidad de los cubanos: tal es el caso de las formas de la propiedad o las reconfiguraciones de la familia cubana.
  
El debate dejó en evidencia también aquellos temas en los que se amerita construir un consenso nacional, sobre la base del respeto y la comunión que los principios del proyecto socialista cubano, que es en esencia humanista, antimperialista y original.
  
Sobre la mesa de discusión se pusieron las preocupaciones por las brechas sociales, los prejuicios que aun persisten y el desafío que implica alcanzar la prosperidad sobre principios sustentables con una economía que se mueve entre los lastres financieros de un país subdesarrollado y el impacto del bloqueo que le impone el gobierno de Estados Unidos a la mayor de las Antillas.
  
A esa realidad no está ajeno el texto constitucional, el cual trata de buscar y proponer una solución sobre la base del redimensionamiento de los fundamentos políticos, económicos, derechos, deberes y garantías y una estructura del Estado y el Gobierno que incorpora las experiencias de años recientes, el acervo acumulado, los más modernos conceptos jurídicos y la sabiduría popular.
  
La nueva Carta Magna precisará de una intensa labor legislativa que convierta en leyes y procedimientos el espíritu de cada uno de sus artículos, pero ello no bastará para que el país en el que vivimos se parezca cada día más al que ahí se describe.
  
La realidad económica, social e internacional que trascendió en las sesiones de la Asamblea, apunta a que el camino no será fácil. El PIB tendrá un discreto crecimiento y el Presupuesto del estado, si bien garantiza los servicios sociales básicos, se gestionará en un contexto de fuertes restricciones.
  
Sin embargo, lo trascendido en la cita parlamentaria también señala asideros para avanzar, entre ellos la informatización del país, el incentivo a las fuerzas productivas de todas las formas de gestión de la propiedad y el contacto cotidiano con la población.
  
Como lo ha sido desde las revoluciones del siglo XVI, un texto jurídico de esta naturaleza también es una declaración de intención, un pacto entre todos los actores de la sociedad para establecer los principios sobre los cuales construir el proyecto de país que viene.

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