Expresidenta brasileña dispuesta a esclarecer procesos judiciales

La expresidenta brasileña Dilma Rousseff, depuesta del cargo por un golpe parlamentario en 2016 y acusada sin pruebas, presentó una petición ante la justicia en la que afirma estar dispuesta hoy a aclarar cualquier proceso o investigación criminal.

Con este paso, la defensa de la exgobernante se anticipa a especulaciones hechas por investigadores y abogados de que podría ser objeto de medidas más drásticas, como una prisión cautelar.

Un reporte del diario Folha de Sao Paulo refuerza el temor de que la senadora pueda ser objeto de medidas cautelares más drásticas, como consecuencia de la delación del exministro Antonio Palocci.

A fines de noviembre, el Partido de los Trabajadores (PT) alertó sobre nuevas acciones judiciales contra Rousseff tras negociaciones entre Palocci y la justicia.

Tras notificar contra el exmandatario Luis Inácio Lula da Silva, Palocci, quien recibió recientemente el beneficio de prisión domiciliaria tras dos años preso, apunta su 'moneda de intercambio' judicial contra Rousseff, reveló en aquel momento la periodista Mónica Bergamo en su columna en el Folha de Sao Paulo.

Bajo este escenario, la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, afirmó que Palocci 'ya hizo el servicio sucio, delató mentiras contra Lula. Mentiras que fueron homologadas vía Ministerio Público. Ahora vía Policía Federal'.

A una semana de las elecciones presidenciales del 7 de octubre, el exjuez federal Sérgio Moro, futuro ministro de Justicia del gobierno electo de Jair Bolsonaro, sacó a la luz pública el secreto de la delación de Palocci en la que él hace acusaciones contra Lula, preso desde hace siete meses por supuestos actos de corrupción, y la depuesta presidenta Dilma.

El exministro emergió como uno de los más influyentes durante el primer Gobierno de Lula (2003-2010) hasta que renunció por un escándalo de corrupción. Luego volvió al poder como arquitecto de la campaña que llevó a Dilma a la presidencia y se convirtió en jefe de Gabinete.

Después presentó su dimisión tras la oposición acusarlo de haberse enriquecido ilícitamente a través del tráfico de influencias cuando dirigió, entre 2006 y 2008, la empresa Projecto, que ofrecía asesoría a empresas privadas.

Palocci fue condenado por Moro, quien capitaneó los procesos de la operación Lava Jato en Curitiba, estado de Paraná, a 12 años, dos meses y 20 días de prisión por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero.

Investigadores indican que el exfuncionario fue hallado culpable de haber acordado 'sobornos entre el grupo empresarial Odebrecht y agentes del PT', y participó del pago ilegal y posterior lavado de más de 10 millones de dólares para financiar campañas políticas.

En abril llegó a un acuerdo de cooperación con la Policía Federal y su testimonio podría alimentar nuevas investigaciones y conducir a arrestos en el caso Lava Jato.