Texas pide confirmar una ley electoral discriminatoria

El estado de Texas, en el sur de Estados Unidos, solicitó a un tribunal federal de apelaciones de Washington la confirmación de una ley electoral que el gobierno de Barack Obama suspendió por estimar que incita a la discriminación racial.

Los abogados de Texas, estado gobernado por el republicano Rick Perry, defendieron la ley de 2011, que exige a los electores que presenten un documento de identidad con fotografía para poder votar, con el fin de combatir el fraude electoral, dijo uno de ellos, Adam Mortara.

En cambio, los abogados del gobierno federal demócrata aseguraron a los tres jueces federales que durante el proceso, que durará cinco días, demostrarán el carácter discriminatorio de esta norma.

"Los electores que no disponen de los documentos de identidad requeridos son, de manera desproporcionada, hispanos y negros", declaró al tribunal Elizabeth Westfall, defensora del gobierno. "La decisión de adoptar esta ley fue motivada por objetivos discriminatorios ilegales", agregó, y consideró que el estado de Texas no podrá demostrar lo contrario en el proceso.

El gobierno central, respaldado por una organización de defensa de los derechos de los negros (la NAACP) y otra de defensa de los derechos de los mexicanos (MALC), estima que esta medida viola la legislación electoral federal de 1965, que prohíbe la discriminación racial.

En Estados Unidos, no existe documento de identidad nacional alguno. En Texas, la nueva ley autoriza, como documento válido para votar, un permiso de conducir, un pasaporte o un permiso de porte de armas, pero otros documentos reconocidos hasta ahora, como la inscripción universitaria o un justificativo de domicilio, perdieron validez.

El gobierno de Obama argumenta que los electores provenientes de las minorías (que votan en su mayoría en favor de los demócratas) carecen a menudo de acta de nacimiento, por lo que tramitar un documento como los que pide la ley de Texas resultaría caro y complicado.

El fallo del tribunal, esperado para agosto, determinará si más de 600.000 tejanos que carecen de documento de identidad con foto, según las cifras del estado, podrán votar en la elección presidencial de noviembre. El caso podría llegar hasta el Tribunal Supremo de Justicia.