El Salvador: Criminales al servicio del Imperio

El pretendido combate a la delincuencia en el denominado Triángulo Norte de Centroamérica, que comprende a El Salvador, Honduras y Guatemala, coadyuva a la cada vez más extendida militarización de la región latinoamericana por Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump busca la expulsión de los centroamericanos, bajo el pretexto de combatir a la organización mafiosa conocida como Mara Salvatrucha.

Si en Guatemala y Honduras la acción depredadora imperialista subraya el poder de regímenes que llevan a cabo la agenda neoliberal, en El Salvador busca mantener a raya al gobierno de Salvador Sánchez Cerén, quien se encuentra realizando una difícil política para crear fuentes de trabajo, y así evitar la emigración o la incorporación de los jóvenes a los grupos delincuenciales.

Las autoridades salvadoreñas temen ahora una nueva ola de deportaciones masivas. Las acciones y retórica iniciales de la administración del presidente Trump revelan que su visión de la migración centroamericana no está asociada a una huida de la inseguridad, sino más bien a un aumento de violencia en EE.UU., por lo que es a los ciudadanos estadounidenses, y no a los migrantes, a quienes hay que proteger.

El control migratorio y las duras medidas anti-pandillas, sobre todo contra la Mara Salvatrucha, han pasado a ser asuntos de vital importancia. De hecho, las pandillas salvadoreñas han recibido una atención sin precedentes por altos funcionarios estadounidenses, como el fiscal general Jeff Sessions.

Un dato revelador es que, durante los primeros meses del mandato de Trump, las detenciones de migrantes indocumentados aumentaron en un 38%, mientras que la administración comenzó a desmantelar programas de protección de menores, como el Programa de Refugiados Menores Centroamericanos (CAM) y el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

La decisión más crítica para El Salvador fue el cese del Estatus de Protección Temporal (TPS) para 195 000 de sus ciudadanos que viven en EE.UU., ninguno de los cuales puede ser considerado delincuente, ya que se han registrado a las autoridades regularmente durante más de 15 años y no se ha demostrado que hayan violado las leyes estadounidenses. Más del 80% tienen empleo.

Sin embargo, según el Departamento de Seguridad Nacional, los centroamericanos «ya no necesitan ser protegidos de la deportación».

La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y los estrechos lazos entre El Salvador y Venezuela han complicado la búsqueda de aliados regionales del país frente a una administración estadounidense hostil.

Junto con sus vecinos del Triángulo Norte, El Salvador se ha convertido en una importante moneda de cambio en las negociaciones del TLCAN, ya que el México del saliente gobierno de Enrique Peña Nieto busca ganarse las simpatías y el apoyo de Washington, ofreciéndose como Estado tapón, capaz de controlar la migración indocumentada a lo largo de su frontera sur e impulsar el desarrollo económico en Centroamérica.

Las relaciones del FMLN con el partido de gobierno venezolano, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), también han agrupado a El Salvador entre los pocos gobiernos progresistas latinoamericanos que apoyan a Caracas.

Lo anterior explica que sea El Salvador el principal objetivo de las bandas paramilitares que reciben financiamiento millonario de Estados Unidos para ejecutar a los sospechosos de pertenecer a las Maras, en un momento en que sus principales jefes se hallaban en conversaciones para deponer sus actividades delictivas.

La fuente de información es Cable News Network (CNN), que nada tiene que ver con una etapa de relativo ambiente objetivo, cuando era dirigida por Ted Turner, y ahora es uno de los principales entes reaccionarios informativos del imperialismo.

La cadena televisiva asegura en un reportaje que las fuerzas de élite paramilitares del país centroamericano recibieron decenas de millones de dólares de Washington, mientras algunas de sus unidades actuaban como Escuadrones de la Muerte.

Asimismo, un informe elaborado por la ONU acusa a la policía salvadoreña de «un patrón de comportamiento de sus agentes equivalente a ejecuciones extrajudiciales», y denuncia que las fuerzas de seguridad están instaladas en un «ciclo de impunidad» en el que sus acciones apenas tienen consecuencias legales.

Lo anterior es lo que ocurre actualmente, porque ya en el 2016, El Salvador recibió 67,9 millones de dólares en financiación para su policía por Washington, cantidad que se elevó a 72,7 millones el año pasado. La dotación de fondos no especifica quién o qué unidades reciben el dinero. Lo único que se especifica es que hay «unidades supervisadas» que han tenido mentores del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés) y de la DEA, la agencia dedicada a la lucha contra el narcotráfico.

Sin embargo, las revelaciones de la CNN apuntan a que las Fuerzas Especiales de Reacción de El Salvador (FES) están entre las beneficiadas que han recibido entrenamiento y dotaciones de Washington. A los miembros de este grupo de élite se les relaciona con actuaciones similares a las de los Escuadrones de la Muerte.

El autor del informe de la ONU, Agnes Callamard, asegura que el 92% de las investigaciones contra los policías se archivan en las primeras 72 horas. El único caso de un policía condenado por una ejecución ilegal ha ocurrido el 9 de mayo último.

La investigación de la CNN incluye conversaciones por WhatsApp de miembros de las FES en las que hablan de cómo ocultar ejecuciones ilegales y a qué miembros de pandillas hay que eliminar.

En un intento por evitar la actividad de estas entidades, el gobierno de Sánchez Cerén desmanteló este año a las FES, pero sus miembros no se han ido con ellas. Elementos asociados a la oposición derechista, crearon un nuevo grupo, los Jaguares, en el que se han integrado buena parte de los agentes.

El principal mando de la unidad, el comandante César Ortega, reconoció a CNN que su grupo tiene acceso a financiación y apoyo estadounidense, algo que se ve claro en el equipamiento, armamento y vehículos de sus agentes. «EE.UU. participa con entrenamiento y equipamiento», aseguró, lo cual se agrega al contexto de la política de Trump para la región, que entre sus objetivos está la de evitar la continuación de los esfuerzos del actual gobierno salvadoreño para evitar que la nación caiga en el caos total.