viernes, 21 septiembre 2018, 15:40
Lunes, 13 Agosto 2018 16:22

Duterte: En marcha atrás

Escrito por  Arnaldo Musa/Especial para CubaSí
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Rodrigo Duterte Rodrigo Duterte

Filipinas ve cercenada una soberanía que el actual gobierno, con su actual retroceso, no podrá rescatar.

Con Rodrigo Duterte como presidente, el pueblo filipino por primera vez en su historia ponía un alto a su dependencia de Estados Unidos, criticado por el mandatario en numerosas ocasiones, además de exhibir públicamente amistad hacia China y Rusia, e incluso miembros de su gabinete se interesaron por la política de salud de Cuba.

Pero los momentos felices pasaron de lado, y dice ahora a EE.UU. que Filipinas es su “humilde amigo”, y hasta tiene cierta admiración por las causticas acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump, aunque asegura que ningún militar filipino se enrolará en las actividades bélicas emprendidas por el Pentágono.

Este giro proviene de una infinidad de situaciones como la que Trump, al revés de Barack Obama, elogió la política antidrogas de Duterte, su afán de limpiar al archipiélago del flagelo de la corrupción y la búsqueda de todo tipo de ayuda para combatir el terrorismo y elucubrar un federalismo que diera autonomía a ciertas regiones del país.

Controvertido o no, el programa de Duterte para combatir al narcotráfico y la corrupción le ha hecho aumentar su simpatía, si tenemos en cuenta que fue electo por el 39% de los votantes, llegó a  ostentar el 80% de la simpatía popular, la cual supera ahora el 70%.

La prensa derechista y oligárquica le combate por sus métodos y haber puesto en prisión a algunos políticos connotados, por comprobados delitos de robo al fisco y apropiación, acusándolo de fascista y asesino, criticando su estilo en el combate a la delincuencia.

La prensa progresista, con menos circulación, por supuesto, le endilga correctamente que no todo se puede hacer “a la brava”, porque, independientemente de haber puesto en fuga a barones de la droga, golpea inmisericordemente a la población adicta, que necesita ayuda, es generalmente pobre, sin educación, y le hace falta apoyo, con el fin de sentar las bases para una nueva vida.

A unos y otros no le faltan razón para criticar, pero también hay que reconocer que, al igual que en su natal Davao, donde combatió personalmente a bandas mafiosas, la delincuencia disminuyó  y se encerró a quienes lucraron con los bienes del pueblo.

Entre estos últimos se encuentra la senadora Leila de Lima, quien durante años como abogada nunca se preocupó por los derechos humanos de los guerrilleros (por poner un ejemplo), y luego puso el grito en el cielo por la guerra que Duterte ha declarado a los narcotraficantes, de los cuales recibió cuantiosos sobornos.

Talón de Aquiles

Rodrigo Duterte había afirmado que aplicaría una política exterior independiente, pero el combate a los grupos terroristas, el apoyo a la autonomía de regiones con mayoría musulmana, el peligro de perder cuantiosas remesas enviadas desde el exterior por ciudadanos filipinos y la debilidad de las fuerzas armadas, le han hecho retroceder.

Así, como regímenes anteriores, pasó por encima de la política exterior independiente consagrada en la Constitución de 1987, directriz que fue implementada por el Senado filipino, cuando el 16 de septiembre de 1991, votó para poner fin a la presencia militar estadounidense en suelo filipino, rechazando un nuevo tratado de bases negociado el año anterior.

La Constitución de 1987 —que ahora se amenaza con enmendarse— se basa en los principios de “autodeterminación”, ausencia de fuerzas y bases militares extranjeras, desmilitarización y desnuclearización, además de que en su Artículo 19 dispone que “el Estado desarrollará una economía nacional autosuficiente e independiente, controlada efectivamente por los filipinos”.

La transparencia en política exterior también está garantizada en el proceso de elaboración de tratados: “Ningún tratado o acuerdo internacional será válido y efectivo a menos que haya sido acordado por al menos dos tercios de todos los miembros del Senado”.

Si ello es borrado o disminuido cuando la Constitución sea enmendada, se estarán eliminando las disposiciones pro filipinas y pro soberanía nacional para adaptarlas a la constitución global neoliberal, el Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles (GATT).

También se adaptará al “papel de policía global” de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que no respetan ninguna frontera nacional de otras naciones.

El problema es que nunca se ha podido desarrollar una fuerza de defensa nacional creíble y con capacidad para la seguridad externa, después de que el Senado filipino rescindiera el Acuerdo de Bases Militares Filipinas-Estados Unidos en 1991. Por lo tanto, se ha vuelto a la dependencia norteamericana.

En particular, el Acuerdo de Fuerzas Visitantes (VFA) de 1991, el Acuerdo de Apoyo Logístico Mutuo (MLSA) del 2003, y el Acuerdo Mejorado de Cooperación para la Defensa (EDCA) del 2014 han señalado el regreso de facto de la presencia militar estadounidense en Filipinas, lo que ha permitido construir instalaciones militares estadounidenses en suelo filipino.

Estados Unidos ha utilizado estos convenios para participar en operaciones de combate emprendidas por las Fuerzas Armadas de Filipinas y la Policía Nacional Filipina. Los acuerdos también han legitimado la construcción de infraestructura militar norteamercana dentro del territorio filipino para el uso exclusivo de los militares estadounidenses para su maquinaria bélica global.

Ahora, bajo el acuerdo ejecutivo EDCA, Filipinas ha abierto sus bases militares y reservas para la construcción de instalaciones militares estadounidenses.

Toda esta dependencia ha sido el Talón de Aquiles para Filipinas, que así ve cercenada una soberanía que el actual gobierno, con su actual retroceso, no podrá rescatar.

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