Protección al consumidor: «Pasito a pasito…»

La observo parada en la puerta, pero no saluda, ni se molesta en decir «buenos días o buenas tardes»; casi siempre dice con voz autoritaria: «Hasta ahí la cola, no se puede pasar».

Esa es la rutina de un pequeño comercio ubicado en el Centro de Negocios de Miramar, al oeste de la capital, lo cual ha sido motivo de malestar más de una vez y no solo entre los cubanos, sino entre clientes extranjeros que acostumbran (por la cercanía de los lugares donde trabajan) a frecuentar esa tienda.

Una de estas mañanas lluviosas, cuando el espacio estaba casi vacío, logré entrar sin un stop, pero me sorprendió otra escena: la propia muchacha —que parece un custodio de puertas, más que dependienta— revisaba un envase de bicarbonato, que alguien vendía. Estaba totalmente absorta en ese asunto y prefirió llamar por un celular para preguntar: «Mami, ¿tú me lavas con bicarbonato los tenis blancos?».

Una «epidemia» agudizada en el tiempo

Un amigo con el que casi siempre debato estos temas cotidianos cuestiona la frase de «protección al consumidor», y no deja de tener razón, pues durante muchísimos años los cubanos hemos vivido bajo el velo de lo contrario.  

La «epidemia», por así llamarla, se ha visto agudizada en los últimos años. Así, lo que antes pasaba por una conducta «normal», en la actualidad ya colinda con lo inadmisible.

La población merece y necesita un buen servicio, en cualquier esfera y sector.

La importancia de un tema tan sensible para la población —traído y llevado en reuniones a todos los niveles, sectores, y contemplado también en documentos partidistas que rigen el destino del país— propició que el Ministerio de Comercio Interior (Mincin) aprobara la Resolución No. 54 del 2018, la cual se publicó en la Gaceta Oficial el pasado 4 de mayo y entrará en vigor a los 30 días de este acto, es decir, próximamente.  

Como bien dice la colega Yudy Castro, en el trabajo Protección al consumidor: sin espacio a la impunidad (4 de mayo de 2018), «la existencia de una norma no resuelve, por sí sola, las irregularidades, sea cual sea su naturaleza». Y más adelante explicaba: «(…) es preciso contar con una disposición para luego respetarla en su letra y espíritu».

Ciertamente, como se informó a propósito de tal Resolución, el país llegó a los años 2000 sin una legislación actualizada sobre el tema, teniendo en cuenta que su antecedente más inmediato data de la ley 697, de enero de 1960, cuyo objetivo esencial fue enfrentar el alza desmedida de los precios de los artículos de consumo.

Resolución 54/2018: Ordenar lo disperso

El espectro de la protección al consumidor es muy amplio, así lo mismo guarda relación con oferta de bienes y servicios, tanto en el sector estatal, como en el no estatal de la economía y otras formas de propiedad aprobadas.

En realidad es un asunto que se fue dejando a un lado, sin prestarle la atención que merecía, y así fue convirtiéndose en un espacio donde la burocracia también hizo su cobija.

Recuerdo ahora la anécdota de una vecina, ya anciana, que denunció en un periódico el maltrato en una tienda, lo que propició la visita de los directivos de la empresa, quienes casi la convencieron, con cierta manipulación, de que no tenía la razón, con el objetivo de que ella se retractara y hasta un documento tuvo que firmar. De víctima pasó a victimaria.

La Resolución recién aprobada —como se ha reiterado— no resolverá por sí sola el problema, pero explicita los derechos y deberes de los consumidores, así como a las instancias a donde hay que acudir para presentar quejas y reclamaciones, tanto en el sector estatal como en el no estatal, incluidas las cooperativas.

Según señaló a Granma Yalina Garbey Rivera, quien dirige la dirección de Protección al Consumidor en el Mincin, la relevancia del documento no está en lo novedoso, sino en la «capacidad de recopilar en un documento todo aquello que estaba disperso».

Manos a la obra

Visualizar, esclarecer, explicar, concientizar sobre el tema y capacitar a las personas que brindan bienes y servicios de cualquier tipo, son cuestiones necesarias que en la actualidad necesitan un cambio.

Clientes, usuarios, compradores —como se les llame— están agobiados con tanto maltrato. Pocas veces uno sale totalmente complacido luego de realizar una gestión; ya sea una compra, un trámite jurídico, o el pago de cualquier servicio, por tan solo mencionar algunos ejemplos.

Me atrevo a asegurar que alrededor de la protección al consumidor giran hoy muchas de las incomodidades y preocupaciones de los cubanos, si partimos del hecho que durante las 24 horas del día y los 365 días del año somos consumidores. Sí, porque constantemente recibimos y ofertamos servicios, desde que dejamos a los niños en el círculo infantil o la escuela, tomamos el ómnibus, compramos la merienda, o pagamos un producto o mercancía. 

Somos maltratados cuando el cartel de «estamos almorzando» es lo que encontrarnos al llegar a cualquier lugar; cuando recibir el vuelto correcto se convierte en un problema; cuando la bodega o la tienda (según sea el caso) no abre en tiempo; cuando la dependienta se molesta porque debe enseñar una prenda de vestir, y también cuando habla de forma desmedida por el celular como si a su alrededor no hubiera persona alguna.

La protección al consumidor también debe incluir el tope de los precios, una cuestión

que en los últimos tiempos ha llegado a límites insospechados.
 
Y también —aunque muchas veces no lo consideremos así— cuando el maestro no imparte la buena clase y el médico llega tarde a la consulta. Esos también son servicios.
 
Con tales situaciones convivimos a diario y nos hacemos daño, pues tengamos en cuenta que la vida no gira en torno a una sola persona. 

La Resolución 54 llega justo a tiempo, lo imprescindible ahora es llevarla a la práctica, hacerla cumplir, velar porque su contenido se conozca y sea un marco regulatorio para que no ocurran (o al menos disminuyan) hechos como los conocidos. Pasito a pasito, como dice la canción, habremos de andar en ese camino que, no por escabroso, resulta inaccesible.