Consulta ecuatoriana: Ganó el “Sí” aún sin completarse resultados

Un 82% de los más de 13 millones de ecuatorianos convocados a ejercer su derecho al voto, acudió este domingo a la consulta popular auspiciada por el presidente Lenín Moreno, cuya aprobación parcial por las tres cuartas partes de los votantes pudiera cambiar el rumbo y estilo de gobernanza, a la que se opone el ex mandatario Rafael Correa, propugnador de su rechazo, por considerarlo inconstitucional.

El evento ya se había iniciado por partes, al sufragar el día primero las personas privadas de libertad, y el 2 se realizó la jornada de Voto en Casa para los mayores de 65 años y con discapacidad física superior al 75.

La misma complejidad de la votación hizo que las autoridades electorales señalaran al principio un margen de tiempo para evaluar y contabilizar la aprobación o no de las preguntas en pugna, en la que también participaron los ecuatorianos residentes en el exterior. Empero, numerosas actas llegaron precipitadamente, algunas de las cuales fueron inútilmente protestadas por los partidarios del “No”.

La consulta popular constó de siete preguntas en las que se cuestiona la lucha contra la corrupción, la reelección indefinida, la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la protección a los niños y adolescentes, la prohibición de la minería metálica.

Las preguntas se refieren a Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, conocida como “Ley de Plusvalía” y la incrementación a la zona intangible y la reducción del área de explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní.

Un total de 40 organizaciones políticas y sociales participaron en la campaña electoral, y solo cuatro lo hicieron por el “No”.

La campaña fue precedida por la puesta en prisión y juicio por corrupción al vicepresidente Jorge Glas, acusación que aunque no se pudo probar, no fue óbice para su sustitución.
Todo esto en medio de la ruptura de Correa y Lenín, el abandono de varias importantes figuras de la gubernamental Alianza PAÏS, y la acusación del ex presidente de que la consulta obedece a acercamiento del actual mandatario con sectores de la derecha.

Correa regresó de Bélgica para enfrentarse a la actual situación y emprender la campaña por el “No”, siendo él y sus partidarios víctimas de ataques, que incluyó una amenaza de coche-bomba, agresiones  a su caravana y un ostensible cerco mediático.

CONSIDERACIONES

De ganar el "Sí", el gobierno de Moreno tendrá una serie de presiones políticas de diferentes sectores, según la socióloga Carol Murillo, quien aseveró que la consulta no está hecha para que los ecuatorianos la entiendan a cabalidad.

"Para leer cada pregunta hay que tener un conocimiento constitucional, jurídico, lingüístico, etc. (...) Es un insulto a la idea de consulta popular; eso no tiene ni un lenguaje popular. La gente no puede ni entender la constitucionalidad de esas preguntas", explicó.

"Cuando las personas analizamos por qué se armó ese esqueleto de preguntas, la construcción y elaboración, uno piensa que no es solo ilegítima, ilegal y anticonstitucional, sino que tiene un propósito y una intencionalidad política que va más allá de lo que el presidente Lenín Moreno prometió en campaña", expresó Murillo.

Mientras, el asambleísta Fabricio Villamizar, de derecha, sostuvo que la consulta impulsada por Moreno debe ser analizada en un contexto de tiempo, ya que no fue una propuesta del mandatario Moreno durante su campaña electoral, sino que fue una iniciativa de la oposición.
"Hay que analizarla. Hay que tener un sí crítico. Lo que hay que entender es que la consulta será en función de la necesidad de reinstitucionalización de Ecuador", agregó.

El gobierno nacional sustenta la tesis de que no hay mayor ejercicio de democracia que consultar a la población sobre temas como eliminar la reelección indefinida (para permitir la alternabilidad), derogar la llamada Ley de Plusvalía (pues afecta un importante sector, como el de la construcción), sustituir al Consejo de Participación Ciudadana (bajo cuyo control están las principales instituciones del Estado).

Asimismo, defiende la necesidad de evitar que prescriban delitos sexuales contra menores, reducir o eliminar la minería metálica y la explotación petrolera en áreas especiales, así como reforzar sanciones contra funcionarios políticos responsables de corrupción.

Sin embargo, para quienes respaldan el “No”, las interrogantes esconden otros propósitos que pasan por impedir la postulación de Correa a la máxima dignidad de la nación para las presidenciales del 2021, poner en manos del jefe de Estado el dominio absoluto de las instancias de control y afectar a la población, al permitir nuevamente la especulación del suelo.

Para quienes rechazan la consulta, esas interrogantes resultan inconstitucionales, una regresión en los derechos y hasta una forma de golpe de Estado (en el caso del reemplazo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social).