Chile: Abuso continuado

Esta etapa de transición en que Sebastián Piñera vuelve a asumir la presidencia de Chile augura una nueva etapa neolberal que pretende levantar los números del desigual desarrollo económico del país, a costa del aumento de la explotación de las tierras que un día fueron de los pueblos originarios y hoy pertenecen a transnacionales extranjeras y latifundistas locales.

Así, vuelven a llegar noticias fragmentadas sobre la muerte de indios mapuches ignorada por la prensa controlada oficialmente, y que no es más que el mismo exterminio iniciado hace decenas de años en el sur de la nación.

Lo anterior llega con el anuncio de que crecerá el número de transnacionales de capital norteamericano y europeo para explotar el subsuelo del sur chileno, junto al  mantenimiento de las extensas tierras de los latifundistas que reinan allí.

No importa que se legisle al respecto y que los dueños de los grandes negocios se comprometan a cumplir lo legislado, porque el dinero es mucho y hace que la insoportable corruptela integre en un círculo vicioso a personajes de diversos matices que actúan en la impunidad o se les paga para que dejen hacer.

Aunque ya hay leyes que reconocen el derecho de los indígenas a conocer y dar permiso sobre lo qué se va a hacer con las tierras que teóricamente les pertenece, lo cierto es que en esto no es más que una nueva burla oficial.

Todo se produce bajo el hostigamiento a dirigentes y comunidades que están manifestando su oposición a esta nueva violación de sus derechos como pueblos que ocupan esos espacios desde hace muchos años.

Las empresas protegidas por Piñera pertenecen a entes que han tenido algún parentesco económico con los elementos que le llevaron al poder, aprovechando como de costumbre unos medios que hacen y deshacen ante la inopia de los denominados grupos de izquierda.

Algunas de esas empresas son sobradamente conocidas y con una larga historia de denuncias sociales por violaciones a los derechos ambientales y humanos; otras más nuevas y que, sumándose a esta corriente en los tiempos de crisis, buscan ganar nuevos mercados y más beneficios.

Y todas ellas alentadas, en esta carrera de expansión, por la clase política tradicional y los diferentes poderes institucionales del Estado chileno incluidos, en muchos casos, los autonómicos.

De los 17 millones de chilenos, más de un millón son indígenas y 635 000 de estos son mapuches, que han  logrado subsistir a las depredaciones.

Para empresarios y latifundistas solo vale sumergirse en la línea de mercantilización extrema de la naturaleza para la máxima obtención de beneficios al precio que sea, incluidos los derechos de las personas y de los pueblos.

Nada se hace para evitar que las empresas sigan inundando territorios sagrados mapuches, como lo han estado haciendo  la transnacional ítalo-española Enel-Endesa, con el vaciado parcial de un lago.

Esto trae consigo daños ambientales y sociales irreversibles, parejo al reasentamiento de comunidades indígenas, tras la expulsión de sus tierras. Todo ello con la pretensión de construir una nueva central hidroeléctrica en uno de los territorios más castigados por este tipo de proyectos a lo largo del sur chileno.

Son conocidos los casos, protagonizados también por Endesa, de la construcción de centrales hidroeléctricas en otros ríos andinos con proyectos como Ralco y Panque, denominados posteriormente “ecodesastres” por sus graves consecuencias medioambientales y sociales contra el territorio mapuche.

Es lógico que continúe la indignación mapuche, que no recibe respaldo de aquellos que quieren mantener la falsa historia oficial de protección a los culpables y de otros que se dicen hombres, pero se conforman ante la injusticia de este abuso continuado.