El Salvador: Cerén lo está logrando

El pueblo salvadoreño encuentra este diciembre envuelto en una ola de seguridad sin precedentes, luego de que el presidente Salvador Sánchez Cerén lograra cumplir exitosamente con la difícil labor de eliminar corruptos del cuerpo policial e incorporar nuevos y mejores preparados elementos, venciendo reticencias del aparato armado.

El mandatario ya había anunciado exitosos resultados en junio pasado, durante la Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad en Centroamérica, hechos corroborados en la práctica en agosto y confirmado este diciembre.

El plan no solo funciona con la casi desaparición de elementos delincuenciales, sino que, por primera vez, se ha visto al ciudadano común acercarse amistosamente a los agentes del orden, algo nada frecuente en los países capitalistas y menos en el caso de El Salvador, con un amplio antecedente en materia de delitos.   

En las fiestas patrias de septiembre y estas de fin de año han sido eficientes los procesos para garantizar la seguridad en la nación, especialmente en la capital, donde los delitos siempre han sido mucho más  abundantes.

“Este es un dispositivo flexible, porque también tiene la decisión de atender aquellos puntos donde hay mayor actividad de la población, los mercados, el transporte, las terminales de buses, las universidades, las paradas de buses y donde hay actividad ciudadana. Garantizar que la ciudadanía se sienta tranquila y pueda desarrollar sus actividades, aquí en la capital, con mayor tranquilidad”, acotó el Presidente, para finalmente subrayar:

“Como lo dijimos al inicio del año, vamos a combatir permanentemente y perseguir al crimen, hemos realizado acciones efectivas en el área de la extorsión, ahora vamos a realizar un esfuerzo extraordinario para garantizarle a los capitalinos una mayor tranquilidad para que la actividad productiva, comercial, política y económica que se realiza aquí en El Salvador y en la capital pueda desarrollarse con mayor tranquilidad y con mayores niveles de paz”.

Es decir, se están anulando las acciones de pandillas salvadoreñas que son alimentadas por el descuido oficial, la explotación y la pobreza, principales caldos de cultivo.

EL MOZOTE

Y, como colofón, el actual gobierno, además de disculparse con las  víctimas de pasados genocidios cometidos por el ejército, anunció que se están tomando medidas para que esos hechos vuelvan a surgir a la luz, no sigan siendo acallados, y los responsables respondan ante la justicia.

Así, unos 15 ex militares se encuentran detenidos por su participación en el genocidio de El Mozote, nombre que reciben un conjunto de  masacres contra la población civil cometidos por el batallón Atlácatl (formado por la CIA en la Escuela de las Américas, en Panamá) de la Fuerza Armada de El Salvador, durante un operativo de contrainsurgencia, realizado los días 10, 11 y 12 de diciembre de 1981, en los cantones (aldeas) de El Mozote, La Joya y Los Toriles, en el norte del departamento de Morazán.

Según las investigaciones posteriores de la Comisión de la Verdad (organismo de la ONU creado para investigar los hechos de violencia cometidos durante la Guerra civil salvadoreña), 986 hombres, mujeres y niños campesinos salvadoreños –de estos más de 500-  fueron asesinados en El Mozote y los cantones aledaños. Se considera no solo el mayor acto de violencia contra población civil cometida por agentes gubernamentales, durante la Guerra Civil de El Salvador, sino también en el Hemisferio Occidental, en tiempos modernos.

La dictadura salvadoreña realizó una acción antiguerrillera en el norte de El Salvador, denominada Operación Rescate. En ella participaron el batallón Atlácatl, unidades de la Tercera Brigada de Infantería y del Centro de Instrucción de Comandos de San Francisco Gotera.

En la tarde del 10 de diciembre de 1981, unidades del batallón Atlácatl del ejército salvadoreño llegaron al alejado cantón de El Mozote en busca de insurgentes del Farabundo Martí por la Liberación Nacional (FMLN). El Mozote era una pequeña población rural con cerca de veinticinco casas situadas alrededor de una plaza, además de una iglesia católica y, detrás de ella, una casita conocida como el Convento, que usaba el sacerdote durante sus visitas a la población. Cerca de la aldea había una pequeña escuela.

A su llegada, los soldados ordenaron a los pobladores que salieran de sus casas y se formaran en la plaza. Allí les pidieron información sobre las actividades de la guerrilla y luego les ordenaron que volvieran a sus casas y permanecieran encerrados hasta el día siguiente, advirtiendo que dispararían contra cualquier persona que saliera. Los soldados permanecieron en la aldea durante toda la noche.

En la madrugada del 11 de diciembre de 1981, los soldados volvieron a reunir a la población entera en la plaza. Separaron a los hombres de las mujeres y de los niños, y los encerraron en grupos separados en la iglesia, el convento y varias casas. Durante toda la mañana procedieron a interrogar mediante torturas a los pobladores. Cada hombre, mujer y niño, al terminar la sesión de tortura, era ejecutado.

El mismo 11 de diciembre de 1981, los soldados mataron a más de 20 personas en el cantón La Joya; el día 12, unas 30  en el caserío La Ranchería; el mismo día, por unidades del batallón Atlácatl, todos los moradores del caserío Los Toriles; y el día 13, a los del caserío Jocote Amarillo y del cantón Cerro Pando.

De estas masacres existe el relato de testigos que las presenciaron, así como de otros que, posteriormente, vieron los cadáveres, que fueron dejados insepultos.

En el caso de El Mozote, fue plenamente comprobada, además, por los resultados de la exhumación de cadáveres practicada en 1992, realizada por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
A pesar de las denuncias públicas del hecho, de las fotografías de Susan Meiselas y de un enorme cúmulo de pruebas, las autoridades salvadoreñas de ese entonces no ordenaron ninguna averiguación y negaron permanentemente la existencia de la masacre.

Lo  mismo ocurrió con el  Ministro de la Defensa y el Jefe del Estado Mayor, y el presidente de la Corte Suprema tuvo una injerencia parcializada y política en el proceso judicial iniciado al respecto en 1990.

Y este fue uno de los tantos genocidios cometidos por las dictaduras contra el pueblo, que, por lo que se está viendo, el actual gobierno quita el manto del silencio, investiga y comienza a encontrar a los presuntos culpables.