Denuncian empresas puertorriqueñas exclusión de contratos

Denuncian empresas puertorriqueñas exclusión de contratos
Fecha de publicación: 
21 Noviembre 2017
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"Esta práctica es inaceptable, porque para que el país salga adelante, debe ser justa la contratación de empresas puertorriqueñas para trabajar en nuestra recuperación y, de paso, se mueve la rueda económica", reclamó el presidente de la APPR, Francisco Cabrero.

Explicó que la destrucción causada por el huracán María el pasado 20 de septiembre ha significado un desembolso del gobierno federal de unos 9 mil millones de dólares para, entre otros aspectos, la recuperación y el restablecimiento del sistema eléctrico de esta isla del Caribe, colonia de Estados Unidos desde 1898.

Cabrero dijo que, aunque se espera que la suma se duplique, gran parte de ese dinero ha sido destinado a la contratación de compañías extranjeras, en referencia a las estadounidenses, y no puertorriqueñas.

Si queremos que la economía en Puerto Rico crezca, reclamó, esta práctica es inaceptable, ya que contamos con compañías capacitadas para trabajar en nuestra recuperación.

El presidente de la Asociación de Productos consideró que la cartera de oportunidades que hay disponibles es amplia y si no se maximiza, lo que deparará el futuro es una debacle económica muy preocupante.

Cabrero planteó que esto levanta una estela de preocupación para el desarrollo económico que necesita el país luego de la catástrofe dejada por el meteoro.

Además de las ayudas, refirió, existen otros gastos que realizan las agencias federales, como aquellos relacionados al proceso de asistencia y recuperación, los que no quedan en manos puertorriqueñas, por lo que el impacto en la economía es mínimo.

Aclaró que no se trata de querer apropiarnos de todos los ingresos, sino de que si el verdadero compromiso es lograr la recuperación de Puerto Rico en sus diversas vertientes, la participación de las empresas locales debe ser justa.

Puerto Rico se encuentra desde hace poco más de un año sometido a la tutela de una junta de control fiscal, después de su insolvencia ante una deuda pública de más de 73 mil millones de dólares.

Desde que se produjo la destrucción de la infraestructura eléctrica y comunicación, se han marchado del país sobre 125 mil puertorriqueños.

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