miércoles, 19 septiembre 2018, 19:23
Jueves, 26 Octubre 2017 05:09

Colombia: ¿Paramilitares? ¡Criminales!

Escrito por  Arnaldo Musa/Especial para CubaSí
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Sin dudas, sin la eliminación del paramilitarismo no se podrá llegar a la paz que establece el acuerdo de paz firmado en La Habana entre el gobierno y las FARC-EP.



Sintiendo como propia la amarga experiencia que están viviendo las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –Ejército del Pueblo (FARC-EP), el Ejército de Liberación Nacional inició la cuarta etapa de las conversaciones que lleva a cabo con el gobierno colombiano en Ecuador exigiendo la eliminación de los grupos paramilitares que asesinan y siembran el terror en diversas regiones del país suramericano.

Sin dudas, sin la eliminación del paramilitarismo no se podrá llegar a la paz que establece el acuerdo de paz firmado en La Habana entre el gobierno y las FARC-EP, que ha cumplido estrictamente el convenio hasta el presente, incluso con la entrega de las armas a Naciones Unidas, tras lo cual se han multiplicado los asesinatos de combatientes y de líderes civiles por bandas criminales, quienes, tras ocupar los territorios abandonados por los revolucionarios, establecen una política de terror que mantiene en ascuas a campesinos e indios.

Entre estos crímenes, están el de nueve campesinos muertos en Temuco  por paramilitares asociados a narcotraficantes y latifundistas, tras lo cual dieron muerte a Miguel Pérez, quien encabezaba el movimiento para sustituir las plantaciones asociadas a la producción y exportación de drogas. Horas después, este miércoles 25, corría la misma suerte un joven dirigente indígena, el activista  número 126 asesinado este año.

El problema aquí yace en que existen grupos armados al margen de la ley que siguen amenazando, asesinando y atentando contra la paz, ante la tibia actuación del gobierno de Juan Manuel Santos, quien solo ha sido capaz de dictar una “intervención integral” en la zona de Temuco -luego de ser asesinados nueve campesinos-, subestimando la amenaza o, peor aún, ignorando las señales de alerta que se están presentando.

Fuentes del gobierno han sostenido reiteradamente que el paramilitarismo es un fenómeno extinto en el país, y en este sentido el Ministerio de Defensa aseguró que en Colombia ya no existen paramilitares y que darle este calificativo a “esos delincuentes” implicaría otorgarles un reconocimiento político.

Esta no es la primera vez que fuentes del gobierno hacen este tipo de afirmaciones. El Ministerio del Interior había declarado que las llamadas “bacrim” (bandas criminales) no son paramilitares, sino delincuencia común, pero recordemos que, de manera similar y utilizando estos mismos argumentos, el gobierno del ex presidente Uribe nunca reconoció la existencia de un conflicto armado en Colombia ni la participación de las FARC como actor beligerante del mismo.

Grupos como el Clan Úsuga (también conocidos como Los Urabeños o Clan del Golfo) ya han expresado sus deseos de ser reconocidos y  se han autoproclamado como paramilitares, haciéndose llamar Autodefensas Gaitanistas de Colombia. El grupo Águilas Negras también se ha hecho llamar paramilitar.

APOYO DEL EJÉRCITO

Pero todos esos grupos no solo no se rebelan contra el ejército, donde tienen apoyo tácito, sino que se dedican a matar o hacer desaparecer a líderes sociales y defensores de derechos humanos. En el Cauca, han circulado panfletos en donde  integrantes de grupos paramilitares se atribuyen este tipo de fechorías y amenazan a sectores cercanos a la izquierda y a los movimientos campesinos. Hechos similares se han presentado en estos días en Putumayo, Córdoba  y Santander.

Por otro lado, en su más reciente informe sobre el monitoreo de la ONU al proceso de paz, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, manifestó su preocupación por la existencia de grupos paramilitares que perpetúan la violencia en el país.

Pese a las consideraciones oficiales y la endeblez gubernamental a resolver una situación que le concierne,  la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación consideró que esas agrupaciones armadas ya tienen alcance nacional que, bajo el pretexto de combatir a las organizaciones insurgentes, acumularon poder territorial, institucional y económico, atacando y desplazando a población e individuos indefensos y a sus organizaciones, a los que consideraban bases de apoyo de la guerrilla, convencidos de que los recursos estatales usados en el marco del Estado de derecho no son efectivos para combatir a la insurgencia o a sus apoyos sociales.

Pero no importa si se les llama paramilitares o no, porque, realmente, son bandas de criminales que quieren que se les reconozca como parte del conflicto armado contra las FARC-EP y el ELN y negociar sus intereses en igualdad de condiciones con el gobierno.

Pero esos elementos no cumplen ni las mínimas condiciones para ser parte de un conflicto armado, porque el artículo 3 de los Convenios de Ginebra menciona que no pueden  cometer homicidios ni secuestros, sin contar con el terror en las zonas que ocupan, donde expulsan a sus moradores o los obligan a trabajar como esclavos, nutriendo los bolsillos del narcotráfico y de los latifundistas a ellos asociados, como se demostró con el muy implicado y nunca juzgado Uribe.

En este contexto, el legislativo colombiano acaba de aprobar la eliminación de los grupos paramilitares que entorpecen el acuerdo de paz, lo cual emplaza al gobierno de Santos a actuar contra esos criminales, sin lesionar los derechos  humanos de sus víctimas, ni ´provocar  “daños colaterales”.

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