España define medidas para frenar desafío secesionista en Cataluña

El ejecutivo conservador de Mariano Rajoy inició en Madrid una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros para estudiar las medidas con las que intervendrá esa comunidad autónoma del noreste del país, en virtud del artículo 155 de la Constitución española.

La aplicación de ese precepto constitucional permite al Palacio de La Moncloa -sede del gobierno español- intervenir las competencias de una región para obligarla al 'cumplimiento forzoso' de la legalidad.

Las acciones que se acuerden hoy serán sometidas a finales de la próxima semana a la aprobación del Senado, donde el derechista Partido Popular de Rajoy tiene mayoría absoluta.

Al término de una cumbre de los líderes de la Unión Europea en Bruselas, Rajoy evitó la víspera anticipar los pasos que dará para tomar el manejo de esa región de 7,5 millones de habitantes, que el 1 de octubre realizó una consulta unilateral de autodeterminación.

El mandatario no quiso corroborar si dentro de las acciones asociadas al artículo 155 -nunca utilizado en casi cuatro décadas de democracia en España- estaría contemplada la celebración en enero de 2018 de unas elecciones autonómicas en Cataluña.

Sin embargo, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) anunció este viernes haber alcanzado un acuerdo con el ejecutivo para que esos comicios anticipados se realicen en enero venidero.

Así lo confirmó a Televisión Española (TVE) la secretaria socialista de Igualdad, Carmen Calvo.

La dirigente de la principal fuerza de la oposición lleva el peso de las negociaciones con La Moncloa para activar el artículo 155.

'Sí, el secretario general (del PSOE) Pedro Sánchez tiene claro que esto es para llevar a Cataluña a unas elecciones', declaró Calvo en una entrevista con TVE al ser preguntada sobre este extremo, adelantado por la publicación digital Eldiario.es.

Aunque no expuso los detalles de las medidas, Rajoy defendió su postura ante una 'situación límite' en Cataluña, de la cual responsabilizó al presidente regional, Carles Puigdemont, quien reiteradas veces le pidió dialogar sobre el grave conflicto territorial.

Aseguró que el propósito fundamental de la aplicación del 155 es 'volver al cumplimiento de la legalidad, al marco constitucional y la normalidad institucional'.

'No presupone usar la fuerza', sino que es un instrumento acorde con la Carta Magna y similar, según su criterio, a otros contemplados en muchas constituciones europeas.

Expresó que la decisión de intervenir la autonomía catalana es el último recurso para hacer cumplir la ley a la Generalitat (ejecutivo regional).