Terremoto en México destapa negligencia del Estado

Las acusaciones y denuncias que se han generado luego del sismo en México han revelado casos de corrupción y negligencia por parte del Estado, así como de empresas privadas.

Numerosos casos de imprudencias en construcciones cometidas por empresas privadas en México han sido denunciados. Van desde escuelas, hasta un alto número de viviendas destruidas.

También, el Gobierno mexicano se ha mostrado irresponsable al no comprometerse por velar la situación de sus ciudadanos, que aún permanecen en la calles tras el sismo de magnitud 7.1 del pasado 19 de septiembre.

Fallas en la infraestructura

Tras el terremoto, el Colegio Enrique Rébsamen quedó destruido. En él murieron 19 niños y nueve adultos. En medio del dolor por las pérdidas surgieron denuncias como la presunta falsificación de un permiso de uso de suelo por la directiva de la escuela. El certificado no fue emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano (Seduvi).

Según el artículo 139 del Reglamento de Construcciones la escuela era una edificación del tipo “A”, esto quiere decir que una falla en la infraestructura podría conllevar a un grave peligro

La exdirectora de Manifestaciones y Licencias de la delegación Tlalpan, Julieta Cortés Fregoso, en el 2014 solicitó un documento que sirviera de prueba de que el edificio era seguro. Para entonces, los directivos del colegio aseguraron que “no existen defectos en la calidad de los materiales ni en la ejecución de la obra. El sistema estructural es el idónea para resistir las fuerzas estáticas y sísmicas”. Lo que quedó tristemente desmentido por las consecuencias del reciente terromoto.

Entretanto, aproximadamente 12.000 viviendas fueron afectadas por el terremoto, y una de las principales causas fue la falta de control de calidad tanto en los materiales, como en el estudio del suelo donde se construyeron las obras, según denunció el jefe delegacional de Benito Juárez, Christian Von Roehrich.

“Se utilizaron materiales de baja calidad que no se sujetaron a la normatividad del Reglamento de Construcción y de la Manifestación, es decir, violaron diversas disposiciones legales”, explica.

Acaparamiento de insumos y donaciones

También tras el sismo, los mexicanos denunciaron el acaparamiento de donaciones que miles de personas estaban ofreciendo a la población afectada por el terremoto.

Por este caso fue denunciada la esposa del gobernador Graco Ramírez, Elena Cepeda, quien de acuerdo con las denuncias, dio órdenes de desviar las ayudas hacia galpones del Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que es una organización que ella preside. Aseguran que buscaba luego entregar los donativos a su nombre.

Sin medidas de seguridad, empresas obligan a los mexicanos a acudir a sus trabajos

Por otro lado, otras irregularidades pesaron sobre los mexicanos tras el desastre natural. Algunas empresas obligaron a sus empleados a acudir a sus lugares de trabajo aun cuando los inmuebles en donde laboran están en peligro de desmoronarse.

Entre estos está el Centro Médico Nacional La Raza que continúa en funcionamiento, pese a que varios pisos fueron afectados. Las autoridades impiden la revisión de este edificio que cuenta con 10 pisos, de los cuales dos se encuentran inhabilitados debido a los daños que sufrieron por el terremoto.

Los trabajadores denunciaron que las autoridades son las únicas responsables de las vidas que se mantienen en este recinto, el pasado 22 de septiembre realizaron una manifestación en las afueras del edificio para mostrar su descontento.

Otros trabajadores también denunciaron, como los del Palacio de Hierro en Oaxaca, en la Colonia Roma. “Hay paredes caídas, escaleras colapsadas y hubo dos muertos. Nosotros, por miedo, no queríamos entrar a trabajar”, explicó una vendedora.