lunes, 19 noviembre 2018, 07:13
Lunes, 03 Julio 2017 06:20

Colombia: Inconsecuencia oficial

Escrito por  Arnaldo Musa / CubaSí
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Activistas asesinados en Colombia Activistas asesinados en Colombia

La inconsecuencia oficial y los manejos de la reacción interna no deben ser obstáculos para que se implemente la paz



Muchas dudas trae el proceder del gobierno de Juan Manuel Santos en lo que respecta al cumplimiento del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), cuyos miembros han entregado las armas individuales, luego de retirarse a las zonas asignadas para su estadía, donde no encontraron las condiciones necesarias para una adecuada estancia.

A ello se suma que más de 2 000 ex combatientes permanecen presos, sin que se les haya aplicado el indulto prometido y, por el contrario, aparecen nuevamente causas en su contra, que en otra etapa se demostraron eran infundadas, con el fin de que no fueran liberados.
Asimismo, el asesinato de cerca de 200 activistas sindicales y campesinos, integrantes del ente político que reemplaza a las FARC-EP, que Santos declaró a nivel internacional que dejaron de existir, pero sin aclarar el porqué de los crímenes y la no eliminación del grave problema paramilitar.

A ello se suma que Venezuela, que participó activamente en el convencimiento del grupo guerrillero para que estableciera el diálogo y sigue contribuye a su implementación, amparando a miles de colombianos que huían del terrorismo paramilitar, catástrofes naturales y del abandono y el hambre, sufre día a día vejámenes del gobierno colombiano, que incluso lo ha atacado en foros como la Organización de Estados Americanos, sumándose al grupo de regímenes que conspiran contra la Revolución Bolivariana.

No obstante, ha proseguido el diálogo con el más politizado Ejército de Liberación Nacional (ELN), que, por supuesto, toma nota de los problemas que le interponen a la otra organización revolucionaria.

Algunos se preguntarán cuál es el paso a seguir ante esta situación.  No se debe dar marcha atrás de ninguna manera, luego que las FARC-EP entregara el armamento y cumpliera, y cumple, con el acuerdo que llevó casi cuatro años, firmado en La Habana, rechazado en un referendo controlado por la reacción, pero vuelto a validar y puesto en ejecución, tras cambios que fueron aprobados por todas las partes.

TRABAJAR POR LA UNIDAD

La inconsecuencia oficial y los manejos de la reacción interna no deben ser obstáculos para que se implemente el importante convenio,  que aún tiene vigencia, logra avances en circunstancias difíciles y dan esperanza a millones de colombianos que están virtualmente abandonados en el rico territorio.

Para los más de 7,2 millones de refugiados y desplazados es necesario que se mantenga el convenio que en el papel lleva la paz al país, luego de más de cinco décadas de guerra civil.
De ahí que ante los crímenes contra los activistas, que rememora el asesinato de unos 5 000 integrantes de la Unión Patriótica en los ’80, se hace necesario trabajar por la unidad, juntar a quienes realmente desean el bienestar nacional.

Para ello es necesario deslindar y quitarle la careta a quienes abierta o atentan contra la tranquilidad.

Haciendo honor a la verdad, sin mediar simpatías de por medio, la guerrilla ha cumplido el acuerdo, teniendo un comportamiento ejemplar, con algunos pocos, muy pocos, integrantes que no quisieron aceptarlo.

Pero la parte mala proviene del gobierno, que sí llegó lejos, y ya no puede regresar, y por esa endeblez que subsiste se escapa la reacción, léase latifundistas, narcotraficantes y sus padrinos políticos para mantener el paramilitarismo.

El paramilitarismo, cuya existencia niegan el gobierno y los militares, sigue avanzando, en particular en algunas regiones como el Chocó, Cauca, Meta, Córdoba, Nariño y Casanare, entre otros. En el Chocó ya desató desplazamientos y enfrentamientos con el ELN. Es absurdo que los funcionarios gubernamentales lo nieguen y disminuyan la gravedad de los asesinatos contra militantes de Marcha Patriótica y activistas sociales. Algunos ya consideran que está en marcha un nuevo genocidio político como ocurrió con la ya mencionada Unión Patriótica.

De ahí la necesaria unidad para exigir al gobierno la desaparición de su inconsecuente proceder.

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