Temer: Corrupto privatizador

Por el mundo viaja Michel Temer en busca de inversiones para Brasil, aprovechando la condición de integrante del BRICS (Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica), paliando la crisis económica que desde hace nueve años envuelve al mundo, pero que, a causa o no de esta, no sirve de pretexto para la política que entroniza la entrega de las  riquezas de la nación  suramericana  al salvaje capital neoliberal.

A él, como para su  socio Macri en Argentina, le importa un bledo que los designios económicos del capitalismo hundan en la miseria a la mayor parte del pueblo brasileño, golpeado por el desempleo, la inflación y el abandono de las políticas sociales beneficiosas de anteriores gobiernos.

Día a día se suceden masivas protestas en Brasil contra la falta de atención en todos los sentidos, en un ambiente que señala la incapacidad de un presidente que se ha librado hasta el momento, por la injusta justicia, de acusaciones virtualmente comprobadas de fraude y otras trapacerías, algunas de ellas demostrativas de la conspiración que apoyó traidoramente desde la vicepresidencia para deponer a la legítima presidenta Dilma Rousseff.    

Las protestas  reflejan la gravedad de la crisis económica que sufre Brasil y los problemas financieros que ahogan a la mayoría de los estados del país, lo que ha obligado a retrasar el pago de salarios de funcionarios públicos y revisar derechos adquiridos, como pensiones.

Con la mayor base parlamentaria con que ha contado gobierno alguno en Brasil, porque en ella pululan hijos de la corrupción, Temer ha encabezado los esfuerzos para recortar los gastos sociales y adoptar medidas de estímulo al capital privado.

Para lo primero logró la aprobación de un techo del gasto público que limita durante los próximos 20 años su aumento al monto de la inflación del año anterior. Los ya precarios servicios de salud, educación e infraestructura ya están sufriendo las consecuencias de esta medida.

La nueva presidente del Banco Nacional de Desarrollo, la economista Maria Silvia Marques, del conservador partido Demócrata, afirmó, en entrevista reciente, que quiere “investir en capital humano”. Reconocida por su papel en anteriores procesos de privatización, Marques afirmo que la idea es financiar infraestructura, gestión y conectividad de la enseñanza media.

Pero se trata de apoyo a inversiones privadas. Nuestro gran mandato hoy, dijo Marques, “es la infraestructura”. En el pasado, agregó, cuando el banco promovía una privatización, cuando esta se llevaba a cabo se terminaba el proceso. Ahora se trata de concesiones de 15 a 30 años –recordó– “son actividades del sector público cedidas al sector privado” a las que el banco pretende dar seguimiento.
Para Temer es importante una menor participación del Estado en la economía. “En la medida en que controlamos el gasto público, habrá mayor disponibilidad de recursos para el sector privado”, afirmó, su Ministerio de Hacienda, que reconoció que los beneficios para el trabajador jubilado son escasos y solo se recibirán –lean bien- de tres a cinco años después de lo que esperaba.

Con los estados enfrentando también enormes déficits fiscales –la rebelión de la policía en Espírito Santo fue un ejemplo de esto, pero la situación de Rio de Janeiro no es mejor– la privatización de la Companhia Estadual de Aguas e Esgotos, que presta servicios en 64 de los 92 municipios del estado de Rio de Janeiro, está en la mira del proceso privatizador. La venta de la empresa es condición para que el gobierno federal aporte recursos al estado, agregó.

Los partidarios de la privatización enfatizan lo que califican de “gestión ineficiente” de la empresa y citan el fracaso del programa de descontaminación de la bahía de Guanabara o el buen resultado de un par de municipios que ya privatizaron los servicios de agua y alcantarillado.

Se trata, en todo caso, de privatizar obras monumentales, como la estación de tratamiento de agua del Guandú y la de bombeo de agua de Lameirão, de las mayores del mundo, instalaciones que, como denuncian los opositores al proyecto, se están entregando a precios ridículos. Pero denuncian también la pérdida de la capacidad de control de los servicios y el seguro aumento de los precios, como ha ocurrido en procesos de privatización recientes en Argentina o en Costa Rica, con la concesión de carreteras.

En el pasado se argumentaba la necesidad de privatizar por el déficit de la empresa. ¿Cuál será ahora el argumento, ya que, desde el 2008, la empresa deja importantes ganancias para el estado?
En realidad, el proyecto de privatizar está en la base de la corruptela que destituyó a Dilma, encabezada por elementos legislativos que hoy guardan prisión y de la que Temer es la cabeza visible, que puede ceder en cualquier momento, si se aplica la “justicia”.

Para muchos fue claro que Rousseff fue destituida ilegalmente, porque no aceptó el programa “Uma ponte para o futuro” que la Fundación Ulysses Guimarães, del PMDB (el partido del presidente Michel Temer), presentó a fines de octubre del 2015, unos seis meses antes del espurio triunfo del “golpe blando”.

Empeñado, primero, en pagar la deuda, el programa hablaba de un superávit primario que se pretende lograr con una drástica reducción del gasto público. “Recrear un ambiente económico estimulante para el sector privado debe ser la orientación de una política correcta de crecimiento”, dice el programa del PMDB, que está aplicando rigurosamente Temer.

José Paul Kupfer, un analista nada progresista, pero que aplica el realismo, publicó en el conservador diario O Globo, un texto sobre el ajuste fiscal y sus consecuencias: “Privatizar estatales con criterio esta ok… Pero cargar el ajuste sobre las inversiones, inclusive en áreas que son responsabilidad esencial del Estado –salud, educación y seguridad– y ahogar a los empleados públicos, inclusive a los que trabajan en esas áreas esenciales, es otra cosa”.

Como se está gestando en Argentina, un movimiento unitario consecuente, que puede o no encabezar dirigentes petistas, como el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, puede ser una respuesta a todo este proyecto de entrega al gran capital que ejecuta un presidente corrupto y privatizador.