Panamá: A más corrupción, más frustración ante la impunidad

El notorio aumento de la violencia en Panamá está aparejado al sentimiento de impotencia ante la falta de solución de delitos generalmente vinculados al creciente escándalo de corrupción sobre el que se legisla, pero no se toman aún medidas adecuadas.

Ello ocurre mientras crecen también las diferencias entre organizaciones que se acusan mutuamente de hipócritas, por utilizar tal escándalo y hasta un seudo antiimperialismo para promocionarse.

No es algo nuevo, porque el problema se remonta a anteriores gobiernos al de Varela, pero surge con más fuerza tras verse implicados 17 exfuncionarios en el caso de sobornos incoados por la compañía brasileña Odebrecht, con implicaciones en otras naciones latinoamericanas.

Ello ha hecho que se empiece a legislar para evitar el clientelismo político en que están generalmente envueltos muchos diputados.

En este sentido, miembros de la sociedad civil, gremios y hasta instituciones públicas rechazaron los subsidios y donativos que otorga la Asamblea, lo cual hace pensar que los legisladores no están cumpliendo con la Carta Magna, algunos ni proponen leyes, son incapaces de rendir cuentas y hasta compañeros de partido consideran que colaboran a crear una muy mala imagen del cuerpo colegiado.

Es decir, han hecho que la labor del diputado sea distorsionada por el clientelismo y, en este sentido, Marlene Testa, del diario La Estrella de Panamá, apunta que un órgano que tiene la potestad de declarar la guerra a otro país, no puede distribuir a capricho donaciones u otro tipo de estímulo semejante, porque no está contemplado constitucionalmente. “La función del diputado se ha distorsionado producto de un populismo que ha hecho daño a la democracia, asevera en este aspecto el abogado Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia. Y especifica:

“La función principal de los diputados es la de expedir las leyes necesarias para el cumplimiento de los fines estatales (Artículo 159). Este órgano estatal también tiene funciones administrativas (Artículo 161) y judiciales, como conocer las acusaciones contra el presidente y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (Artículo 160)”.

Tanto incumplimiento ha hecho que los miembros del órgano legislativo enfrenten ahora una tormenta mediática por el aparente uso indebido de las partidas que reciben del Ministerio de Economía y Finanzas y avala la Contraloría General para distribuir a su capricho, todo para promover el clientelismo electoral y garantizar un puesto, abusando de la inocencia de un electorado mal informado.

El surgimiento de este y otros hechos hizo que diversas instituciones públicas se pronunciaran por primera vez contra lo que están haciendo los diputados con la anuencia cómplice de la Contraloría General.

Los diputados son elegidos por un periodo de cinco años, el mismo día que se celebra la elección de presidente y vicepresidente. Son 71 legisladores que deben ser elegidos de acuerdo a la Ley. Para ser diputado se requiere ser panameño por nacimiento o por naturalización con 15 años de residencia en el país, después de haber obtenido la nacionalización y con al menos 21 años de edad. Ningún diputado puede haber sido condenado por delito doloso con pena privativa de la libertad de cinco años o más. Y citamos esto, porque se hayan señalado casos que violentan la ley, y solo hay antecedentes de uno en que se haya castigado a uno de los culpables.

El más reciente juicio en la Asamblea lo protagonizó el ex magistrado de la Corte Alejandro Moncada Luna, en 2014, quien fue condenado a cinco años de prisión por enriquecimiento injustificado y falsedad de documentos. Pero, citando un axioma conocido, una golondrina no significa que se esté en verano.

Verano necesario para la pequeña y hermana Panamá, víctima de una corrupción que frustra por su impunidad.