Bachelet: Las buenas intenciones

 Michelle Bachelet acaba de aprobar la ley que penaliza los delitos de tortura en Chile. La Presidenta, quien sufrió prisión y torturas durante el régimen de Augusto Pinochet, no ha dejado de exponer, dar forma y lograr aceptación, a veces en ambiente hostil, de diversos programas de bienestar social en este su segundo mandato, los cuales permanecen congelados en su inmensa mayoría.

La falta de entronización de lo que se acuerda y lo que se hace en realidad deviene en insatisfacción popular, manifestada en continuadas huelgas laborales –como la actual de los barrenderos de Santiago, la capital- y manifestaciones de insatisfacción estudiantil, en reclamación de la gratuidad en ese sector a todos los niveles.

Malos manejos, intencionales o no; la inoperancia de la acción oficial y al ruido malintencionado levantado por importantes órganos de comunicación han llevado a continuados relevos del personal gobernante, con ministros que apenas pueden llegar a operar más de un año.

La oposición de derecha maneja los medios de comunicación, tienen el control económico, evita el desvío de la línea neoliberal; y mantiene ascendencia en lo militar, donde sigue presente la influencia pinochetista.

Me atrevo a  asegurar que son indudables las buenas intenciones de Michelle Bachelet de mejorar la calidad de vida del pueblo chileno e ir borrando las amplias desigualdades que en su país subsisten, pero, debido a lo expuesto sucintamente antes, muchos de esos empeños siguen pendientes o quedan a la mitad o no fueron bien encaminados por aquellos en quien confió, y si al final de su primer mandato (2006-2010) tenía más del 80% de aceptación, a  menos de 15 meses de finalizar el segundo apenas roza el 30%.

Cierto que desastres naturales, incendios catastróficos, inundaciones y sequías confluyeron unos tras otro para entorpecer incipientes logros económicos y la normalidad del país, pero ello no constituyó el real fracaso para implementar reformas que, de haber sido bien instrumentadas, ayudaría sobremanera al éxito de su gestión.

Debilidad y dispersión política no podían ayudarla en su enfrentamiento con la derecha conservadora preeminente en el legislativo y que domina con su política neoliberal la economía del país, la introduce en la Cuenca del Pacífico y hace y deshace en las finanzas.

CONFIANZA TRAICIONADA

Personas  en quien confió no supieron manejar importantes planes a ellos encargados, como se demostró hace pocos días, cuando la propia Presidenta admitió que el Estado había fallado, al morir 865 niños y jóvenes en dependencias de menores de Chile en los últimos once años, mientras estaban bajo la tutela del Servicio Nacional de Menores. Las críticas al servicio datan del 2013, cuando se conoció parcialmente el resultado de un estudio impulsado por el Poder Judicial y la UNICEF, que reveló una situación desoladora.

Educación, reforma tributaria, salud y censo estuvieron desde sus primeros proyectos; nacionalizó el uso de las aguas, intentó despenalizar el aborto terapéutico, logró un fondo oficial de pensiones, abogó por la igualdad en los sueldos entre hombres y mujeres en un mismo rango, creó 15 Centros de Creación y Desarrollo Artístico Infantil y Juvenil, presentó el Programa de Revitalización de Barrios, otro para territorios rezagados con el fin de lograr la potabilización del agua y enfrentar la sequía en las zonas rurales, así como iniciativas para impedir las desigualdades del mercado, crear cinco centros de formación técnica, y otros entre los que se encuentran el aumento de impuestos sobre grandes ganancias particulares.

El fracaso del intento de llevar la gratuidad a todos los niveles de enseñanza, torpedeado en todos los sentidos, le hizo perder la popularidad en medios estudiantiles, que denunciaron la continuación de privilegios a las clases acomodadas.
No obstante, la Presidenta anunció la creación de dos universidades públicas y la restitución del derecho a la atención gratuita de salud para los dirigentes sociales y vecinales, beneficio que se había suspendido en el 2010, al asumir la presidencia el conservador Sebastián Piñera.

Bachelet, quien inauguró la mayor planta fotovoltaica de América Latina, no ha dejado de actuar y defendido su política de transparencia, rechazando intentos de la ultraderecha de vincularla a hechos corruptos, alegando supuestos manejos turbios de uno de sus hijos.

Incansable ha sido esta mandataria que se ha preocupado in situ por los afectados por desastres y otros fenómenos, extendido al plano deportivo y llegado hasta el control reproductivo de animales de compañía y campañas de vacunación y desparasitación, que durará hasta el 2017.

Y esto ha sido solo una parte del quehacer presidencial que, lamentablemente, no ha rendido los frutos deseados, porque se espera por la buena implementación de la obra reformadora, así como de una buena estrategia comunicacional para que los ciudadanos entiendan el alcance de lo obrado.

Esto no ha estado ocurriendo, por lo cual la derecha ya se ha impuesto en los recientes comicios municipales, aprovechando la desilusión y no concurrencia de la mayor parte de los posibles votantes.

Es más, la propiedad misma del poder –empresarial, político, militar, eclesiástico, comunicacional– sigue en manos de los mismos de siempre. Por eso se ha avanzado tan poco después del movimiento estudiantil del 2011 –durante la gestión de Piñera-que hizo despertar las conciencias de millones de ciudadanos; los casos de relación incestuosa entre la política y los grandes empresarios; la corrupción generalizada en el Ejército; la estafa a millones de chilenos que han generado las colusiones empresariales; los casos de abuso sexual amparados por la jerarquía de la Iglesia Católica;  y el sucio manejo del dinero en el fútbol profesional, entre muchos otros.

Esa derecha sigue ahí, subrayo, buscando ahora confrontaciones con Bolivia, conspirando contra la integración regional y frustrando las buenas intenciones de Michelle Bachelet; son los mismos sucios protagonistas de la historia reciente, quienes esperan relevarla.