El “No” ganó en Colombia: Todavía queda camino por andar

Lamentablemente, el pueblo colombiano votó en el plebiscito de este domingo estrecha pero mayoritariamente contra la paz, retrasando la llegada a un resultado necesario para una convulsa Colombia, que se vio dominada por fuerzas oscuras que inculcaron dudas en la población citadina alejada del escenario de la guerra, lograron hacer funcionar la desinformación de los medios que responden mayoritariamente a los intereses de la ultraderecha, e hicieron prevalecer la cultura del miedo contra quienes dejan las armas.

Tanto el gobierno de Juan Manuel Santos como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo coincidieron en que no se volverá a usar las armas y seguirá primando el cese del fuego vigente, hasta buscar un camino que lleve a todas las fuerzas sociales al diálogo, que sigue teniendo como base el acuerdo firmado en La Habana, luego de cuatro años de conversaciones.

Esto significa una gran esperanza, pero que no puede dejar a un lado la gran preocupación ya expresada por las víctimas de la guerra, y es nada menos que sobre el resurgimiento del accionar de un paramilitarismo exacerbado por un NO que ganó reñidamente 50,21% por 49.79%.

Es curioso, pero no sorpresivo, como ese No logra vencer gracias a departamentos donde domina el latifundio y el narcotráfico.

No es la primera ve que escribimos sobre el terrible peligro que ha representado el paramilitarismo, el cual ahora nutre o se incorpora a ejércitos privados de latifundistas y de jefes del narcotráfico.

Se conocía que aunque hubiera triunfado el Si, la incorporación a la vida civil de los miles de combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo tendría que ser muy cuidadosa, aún más de lo que se dispone en el acuerdo de paz, porque existe el antecedente fatal del asesinato de más de 5 000 integrantes de la izquierdista Unidad Patriótica (incluido un candidato presidencial) que optó hace años por abandonar la lucha armada.

Por muy buenas intenciones que tenga el presidente Juan Manuel Santos y la delegación gubernamental que participó durante cuatro años en las conversaciones de La Habana, siempre hay algo que queda fuera del convenio y que, indudablemente, conspira contra la soberanía nacional, la paz definitiva y la vida de los combatientes revolucionarios.
La ultraderecha y el ex presidente Álvaro Uribe, cuyo partido fue la única fuerza política opuesta al proceso de paz, ahora rechazan el diálogo político y la constitución de una asamblea constituyente.

Ellos deben sus fortunas a la explotación de latifundios y la defensa de estos por ejércitos privados, la subvención al paramilitarismo y, algo que no se ha tocado, la vigencia del Plan Colombia, impuesto por Estados Unidos y que sí boicotea una paz consecuente.

El Plan Colombia es todo un engendro del Imperio que ha tenido ramificaciones en el resto de la región, no solo en territorio colombiano, con inversiones que pudieran haber resuelto muchos de los problemas que afronta la población, principalmente los abandonados indígenas, mestizos y afrodescendientes.

Por este proyecto imperial, Colombia se llenó de bases militares norteamericanas, además de servir de punto de apoyo para otros enclaves similares en naciones del centro y sur del continente, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico.
Nada más lejos de la realidad, como se demostró hace tres años, cuando el ex comandante del Comando de Operaciones Especiales, William McRaven, tomó la decisión de desplegar unos 65 000 hombres de dichas fuerzas a otros países, tomando a Colombia como su centro, sin consultar ni a embajadores norteamericanos ni a gobernantes de esas naciones.

El Plan Colombia fue puesto en marcha por el gobierno de William Clinton y ampliado bajo el de George W. Bush. Como Foreign Affairs lo documentó en el 2002: “La administración Clinton cambió su énfasis de un programa antidrogas integral… por una política que se centró en la prestación de asistencia militar y helicópteros”.

Bajo Obama, el ejército estadounidense ha expandido los programas. Es que con “gobiernos amigos” en Honduras, Colombia y Paraguay se garantiza el éxito de la operación “Frog Leap” (Salto de Rana) del Comando Sur, concebida para concretar el rápido despliegue de sus tropas hasta los confines septentrionales de la Patagonia en veinticuatro horas, en caso de que las circunstancias así lo exijan. Si no hubiera gobiernos de ese tipo, serviciales y serviles, siempre dispuestos a colaborar con Washington, la logística de la operación restauradora del orden imperial sería mucho más complicada, y de inciertos resultados.

Hoy ese Imperio y sus adláteres están complacidos con el rechazo plebiscitario al fin de la guerra civil de 52 años de un pueblo que aún tiene un largo camino por andar para lograr una paz definitiva, real, con soberanía.