"La Secretaría General de la OEA considera que la crisis institucional de Venezuela demanda cambios inmediatos en las acciones del Poder Ejecutivo (...) a riesgo de caer en forma inmediata en una situación de ilegitimidad".

¿En qué se basó el funcionario de Washington para formular su sentencia?

Echó mano a los criterios que le trasladaron los ultraderechistas jefes de la Asamblea Nacional de Venezuela, y a sus propias conclusiones.

Recurrió al artículo 20 de la Carta para solicitar ese encuentro durante los días del 10 al 20 del presente mes.

O sea, fechas que lindan parcialmente con la Asamblea General de la OEA, donde asistirán sus cancilleres (del 13 al 15) de junio en República Dominicana.

Almagro se transforma así en el primer titular de ese organismo en activar la muy polémica disposición a un Estado miembro contra la voluntad de su Gobierno.

Lo hace bajo el pretexto del artículo 20 que le autoriza a hacerlo cuando en un país "se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático".

Ahora, siguiendo al pie de la letra un conocido guión redactado en Washington, invocó, entre otros asuntos, violaciones de la Constitución, a los derechos humanos, al equilibrio de poderes y otras yerbas made in USA.

Con cinismo inaudito se atrevió a mencionar “la grave crisis humanitaria que vive el país, lo cual afecta el pleno goce de los derechos sociales”.

¿Alguna palabra sobre el complot estadounidense y sus aliados locales que -en lo fundamental- origina todo eso?

Ninguna, silencio absoluto.

Por el contrario siguió afirmando: Todo ello implica la necesidad de seguir aplicando el artículo 20, que no descarta ni las más constructivas o severas medidas.

Hasta el periódico Diario las Américas recordó en Miami que solo Honduras fue suspendida de la OEA luego del golpe de Estado que ejecutaron allí en 2009.

Curiosamente, Almagro formuló su anuncio después que la misión del régimen de Argentina ante el organismo solicitó una reunión al Consejo Permanente para abordar el caso Venezuela.

Según EFE, Buenos Aires y otros países buscan en la OEA una manera de actuar en este caso que “sea más conciliadora que la activación de la Carta Democrática”.

La Carta Democrática, explica Diario las Américas, siempre se ha aplicado por solicitud o al menos con autorización de los afectados, salvo en Honduras.

He ahí la actuación de una figura carente de honor… y de pantalones.