Dilma agradece solidaridad internacional y dice estar más fortalecida

En una nota difundida aquí, Rousseff criticó la actitud asumida por la cancillería ante la denuncia del golpe parlamentario hecha por gobiernos latinoamericanos y caribeños y el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper.

La reacción de gobiernos extranjeros y de importantes sectores de la opinión pública mundial, entre ellos el secretario general de la OEA, Luis Almagro, "expresa la indignación internacional frente a la farsa jurídica que sucedió aquí", dijo la mandataria, apartada temporalmente de su puesto para enfrentar un juicio político.

Al mismo tiempo -agregó- revela la preocupación de que esas prácticas travestidas de legalidad se puedan contagiar por otras partes del mundo, especialmente en América Latina, promoviendo la desestabilización de gobiernos legítimos y revirtiendo las grandes conquistas sociales y democráticas alcanzadas los últimos 15 años.

Rousseff advirtió, además, que fuerzas partidarias como las que pretenden ahora conducir la política externa brasileña, tradicionalmente sumisas a las grandes potencias, "no tienen autoridad política o moral para invocar el principio de soberanía, cuando han incurrido de forma recurrente en injerencia en asuntos internos de otros países" del área.

Por último, hizo notar también que gobiernos y pueblos de América Latina están igualmente preocupados con las amenazas recurrentes del nuevo ministro (el canciller José Serra) contra el Mercosur, y con su disposición de establecer acuerdos económicos y comerciales profundamente lesivos al interés nacional.

Dilma Rousseff fue apartada de su cargo el 11 de mayo pasado por el Senado Federal, al admitir el inicio de un proceso de juicio político que puede extenderse por un plazo de hasta 180 días y en el cual una comisión especial de esa instancia legislativa juzgará si cometió o no el presunto crimen de responsabilidad del cual fue acusada.

En un discurso pronunciado el jueves último, poco antes de abandonar el Palacio de Planalto, subrayó que había ejercido un mandato digno y honesto y ratificó que luchará, con todos los instrumentos legales a su alcance, para defenderlo y honrarlo hasta el fin del mismo, el 31 de diciembre de 2018.

No cometí crimen de responsabilidad alguno, solo hice lo que la ley me autorizaba a hacer; fueron actos legales, correctos, necesarios, manifestó antes de afirmar que se sentía víctima de una gran y dolorosa injusticia.