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Martes, 29 Marzo 2016 05:41

Colombia: Historia que se repite

Escrito por  Arnaldo Musa/Especial para CubaSí
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No es la primera vez y, lamentablemente, parece que no será la última, en que destacamos que, sin la eliminación del paramilitarismo, no puede haber paz en Colombia.

No hace mucho, en esta página web, llamamos la atención sobre el incremento de los asesinatos de activistas de derechos humanos y otras personalidades que colaboraban en la obtención de un acuerdo pacífico entre las FARC-EP y el Gobierno, en el marco de las conversaciones que tienen lugar desde hace años en La Habana.

Hoy esa plática ha sufrido tropiezos, aunque no la liquidación definitiva, porque hay personas de ambos bandos que quieren llegar a un acuerdo, cuya primera fecha, el 23 de este mes, tuvo que ser pospuesta, debido a la ola de crímenes desatada por esos elementos al servicio de la oligarquía y de otros intereses antinacionales.

Solo durante el mandato del actual presidente, Juan Manuel Santos, han sido agredidas 2 214 personas, y de ellas 346 asesinadas y 16 desaparecidas, y se afirma que esas cifras son modestas en comparación con lo real.

Entre los asesinados más recientes se encuentran los líderes campesinos Maricela Tombé, el primero de este mes de marzo, y William Castillo, el 7. Este último era dirigente de la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras, según Telesur.

Las autoridades colombianas hacen hincapié para que ios guerrilleros abandonen las armas, pero no entendemos cómo se puede llegar a un acuerdo final, si no se desmonta el fenómeno del paramilitarismo, insuflado en gran medida por el anterior gobierno e inexplicablemente tolerado por el actual, conociendo que no de dejaran las armas quienes temen, y con razón, ser muertos a mansalva, indefensos.

Imagínense, Uribe, que amamantó a tal criatura, a la que ayudó a crecer y utilizó de instrumento para eliminar enemigos políticos.

Pero antes y después de Uribe, desde la década de los ’80, estos grupos armados instrumentaron la represión ilegal y arbitraria en manos de los terratenientes, narcotraficantes, grupos de ultraderecha y militares.

Es necesario recurrir y hacer recordar el ejemplo de que en una situación algo similar a la que vivimos fueron muertos 5 000 miembros de la izquierdista Unidad Popular y otros grupos progresistas, algunos de los cuales habían participado  o simpatizado con el movimiento guerrillero, incluido un candidato presidencial a quien había entrevistado en La Habana y al regreso fue muerto a tiros por un adolescente de 14 años en el aeropuerto de Bogotá.

Estos grupos tienen en Colombia una larga tradición de desapariciones, asesinatos, torturas, expropiaciones de tierras, etc., logrando incluso que se exilien dirigentes y activistas de grupos de derechos humanos a los que estos cuerpos de asesinos acusan de terrorismo y/o de izquierdismo, pretendiendo con ello no solo la deslegitimación de los derechos humanos sino, además, justificar el crimen y el terror en que tienen sumida a gran parte de la población colombiana.

En los últimos años, se dice en la página web de Habana Radio,  han sido encontradas 4 496 fosas comunes, donde la mayoría de las víctimas fueron achacadas al paramilitarismo, según admisión oficial, que eleva a cerca de 79 000 el número de desaparecidos.

La Unidad de la Justicia Transicional de la Fiscalía indicó que las fosas comunes son empleadas “por los paramilitares, que también optan por arrojar los cadáveres a los ríos, incinerarlos o prácticas similares que eran atroces, pero que, definitivamente, no van a poder dar cuenta sobre qué ocurrió, en donde está el cuerpo”.

Uno de los espacios más emblemáticos en Colombia es el sector de La Escombrera de la Comuna 13 de Medellín, considerada por la Fiscalía como la fosa común urbana más grande del mundo.

Muchos de los cuerpos enterrados allí habrían sido víctimas de “falsos positivos” (simples ciudadanos apresados y asesinados bajo el pretexto de que eran supuestos guerrilleros) o ejecuciones extrajudiciales, tales como las registradas en la Operación Orión en octubre del 2002, durante el gobierno de Uribe, quien ha sido señalado –al igual que la parentela- como responsable de la creación de grupos paramilitares.

Por ello, el Estado deberá intensificar sus esfuerzos para luchar con eficacia contra los grupos paramilitares y velar por que las personas de las que se sospecha que han cometido violaciones de los derechos humanos, incluso autoridades públicas, sean llevadas ante los tribunales civiles.

El actual gobierno colombiano ha expresado su deseo de una pronta firma de acuerdos para llevar a la paz en Colombia, pero sin la desaparición del paramilitarismo será imposible, porque, a mi entender, se condena a muerte a todo aquel que deponga las armas.

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