Barack Obama y el cierre de la cárcel en la base de Guantánamo

La prisión de ese enclave militar ubicado en territorio cubano contra la voluntad del Gobierno y del pueblo de la isla, constituyó en años recientes un elemento contradictorio en el discurso oficial norteamericano según el cual Washington es el campeón de los derechos humanos frente al resto del mundo.

Denuncias de torturas, malos tratos y la detención indefinida de los reos, caracterizaron la imagen de la cárcel ante la opinión pública desde su inauguración en enero de 2002 por la administración del presidente George W. Bush (2001-2009). En ese momento, el gobierno de Bush argumentó que los detenidos no eran prisioneros de guerra por lo que no estaban sujetos a las leyes internacionales sobre derechos humanos.

Al presentar ayer la propuesta para cerrarla -de difícil implementación según expertos en el tema- Obama afirmó que dicha penitenciaría drena recursos millonarios y resulta contraproducente para los intereses norteamericanos de seguridad nacional.

La estrategia de cuatro partes del gobernante prevé el traslado de unos 50 detenidos hacia centros de máxima seguridad en territorio continental norteamericano -para lo cual el Pentágono explora poco más de una docena de opciones, y el resto hacia otros países.

Varias figuras republicanas en el Capitolio rechazaron de inmediato la iniciativa del jefe de la Casa Blanca y dijeron que el texto murió al arribar al Legislativo, y en contraste, la exsecretaria de Estado y precandidata demócrata a las presidenciales de noviembre Hillary Clinton apoyó la propuesta del mandatario, la que calificó de una señal de fortaleza y determinación.

A juicio del diario The New York Times, la iniciativa anunciada por Obama constituye una oportunidad para que Estados Unidos recupere su imagen de "campeón de los derechos humanos", pues la prisión es uno de los capítulos más vergonzosos en la historia de la nación norteña.

Desde que asumió su mandato en enero de 2009, Obama prometió cerrarla, pero no le fue posible, debido a la oposición de congresistas del partido rojo y otros sectores políticos conservadores en Estados Unidos.

El número de detenidos en Guantánamo ahora asciende a 91, de los cuales el Gobierno espera reasentar 35 en otros países para este verano. De los 56 restantes, 10 fueron sancionados por terrorismo o sus casos están pendientes en los tribunales militares, y otros 46 quedan con un futuro incierto.

Pero las denuncias sobre violaciones de los derechos de los reos aún persisten.

En los recientes meses el Departamento de Defensa logró limitar las informaciones sobre las irregularidades que se cometen contra los detenidos en la cárcel de Guantánamo, datos que quedan en segundo plano en medio de la lucha con el Congreso sobre el cierre de la prisión.

En ese sentido, medios de prensa estadounidenses revelaron recientemente que una cantidad sin precisar de presos permanecen hoy en huelga de hambre, pero las autoridades militares se niegan a hablar sobre el asunto y se limitaron a decir que apenas "un puñado" de reos sigue negándose a ingerir alimentos.

En junio de 2013, los militares dieron a conocer que más de 100 cautivos participaban en el ayuno voluntario, iniciado en febrero de ese año, y a 46 de ellos se les aplicaba el método de alimentación forzosa, procedimiento clasificado como tortura por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas hace más de un año.

Ellos rechazaban el confinamiento por tiempo indefinido, ultrajes, los registros a sus pertenencias y confiscación de copias del Corán, el libro sagrado de los musulmanes.

En medio de todo este debate, integrado ya a la campaña presidencial, expertos en el tema señalan que la Casa Blanca también tiene pendiente analizar el reclamo de las autoridades cubanas de que se le devuelva el territorio ilegalmente ocupado por dicho enclave castrense desde hace más de un siglo.

Para llegar a la normalización de los nexos entre ambos países, La Habana también pide el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero, impuesto contra la mayor de las Antillas desde hace más de cinco décadas, así como el cese de las transmisiones ilegales y de los programas subversivos contra la isla.