Argentina: Llueven críticas contra Macri por decreto que designa a nuevos jueces

Organizaciones de derechos humanos y partidos políticos, incluso aliados a Propuesta Republicana (PRO), que representa el nuevo mandatario, califican esta medida de errónea y reclaman dar marcha atrás a las designaciones, señala un artículo del diario Página 12.

El martes, a solo cuatro días de llegar a la Casa Rosada -sede presidencial-, el gobernante nombró, al amparo del Artículo 99 de la Constitución que lo faculta a llenar vacantes de empleos los cuales requieran el acuerdo del Senado, a los doctores Carlos Fernando Rosenkrantz y Horacio Daniel Rosatti.

De ese modo, ambos jueces tendrán mandato durante un año, que el Ejecutivo puede renovar de igual manera.

Con esta decisión Macri evadió el debate en la Cámara Alta, como es la norma para su posterior votación y aprobación, donde encara una fuerte mayoría del ahora opositor Frente para la Victoria (FpV), y de otras fuerzas políticas.

El senador de la Unión Cívica Radical, Julio Cobos, calificó de innecesaria la medida. No encuentro razones para que sea por un decreto y no el envío al Senado y, en todo caso, la convocatoria a sesiones extraordinarias si es que hay celeridad, dijo.

Por su parte el diputado Ricardo Alfonsín, de esa misma alianza, subrayó que el método utilizado por Macri deja "mucho que desear en términos de legitimidad republicana y política" mientras que el jurista Ricardo Gil consideró que es una lástima porque "todos apostamos a la normalidad institucional".

Otro de los que expresó su rechazo fue el excandidato presidencial Sergio Massa, líder del Frente Renovador, quien reclamó al Jefe de Estado que envíe los pliegos al Senado porque será un gesto de respeto al Congreso, agregó Página 12.

Muchas son las críticas frente a la nueva medida presidencial. "Es una decisión de otro siglo propia de dictadores y no de un presidente democrático elegido por el pueblo", manifestó la diputada del FpV, Juliana Di Tullio.

Mientras, organismos como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y el Centro de Estudios Legales y Sociales se unieron a la ola de rechazo y catalogaron la medida como un "grave retroceso institucional".