La cárcel en la base de EE.UU. en Guantánamo: Tarea pendiente

A pesar de los esfuerzos desplegados en 2015 por el presidente estadounidense, Barack Obama, para cerrar la cárcel en la base naval de Guantánamo, la oposición republicana y otros sectores de derecha socavaron sus planes.

Desde enero de 2002 Washington mantiene una prisión en ese enclave militar, contra la voluntad del Gobierno y el pueblo de la isla caribeña.

Al respecto, Obama enfrenta un doble desafío: en primer orden la demanda del Gobierno cubano para que le sea devuelto el territorio que ilegalmente ocupa esa instalación castrense.

Según las autoridades de La Habana ese es uno de los temas que obstaculizan el curso hacia la normalización de los nexos bilaterales, tras la reanudación de las relaciones diplomáticas el pasado 20 de julio.

La Casa Blanca se niega a discutir la devolución a la mayor de las Antillas el espacio donde se ubica la base, obtenido a través de acuerdos leoninos con las autoridades pronorteamericanas de la naciente seudorepública, y de sectores patrióticos de la sociedad cubana a principios del siglo XX. De cara a sus ciudadanos, el mandatario está moralmente obligado a cumplir la promesa de clausurar la penitenciaría que Washington inauguró allí a raíz del inicio de la llamada guerra global contra el terrorismo, bajo la administración de George W. Bush (2001-2009).

A principios de diciembre de este año, durante su estancia en París en la Cumbre sobre Cambio Climático, Obama dijo a medios de prensa que luchará por el cierre de la cárcel en la base de Guantánamo hasta el último día de su mandato, que culmina en enero de 2017.

"Guantánamo sigue siendo un instrumento para el reclutamiento de terroristas y eso es algo que tenemos que parar", señaló el mandatario.

LOS OBSTÁCULOS

Obama mantiene sus planes y el deseo de cerrar la prisión, que costó hasta la fecha más de cinco mil 200 millones de dólares a los contribuyentes estadounidenses.

Sin embargo, el 25 de noviembre pasado firmó y, por tanto convirtió en ley, el proyecto de Autorización de Defensa Nacional (NDAA), a pesar de que el texto le prohíbe clausurar dicha penitenciaría.

La legislación dificulta la transferencia de detenidos a otros Países, al requerir que el secretario de Defensa, Ashton Carter, certifique que esos traslados son en interés de la seguridad nacional de Estados Unidos.

El mandatario aclaró que firmaba la legislación, que autoriza fondos por 607 mil millones de dólares, porque incluye beneficios vitales para los militares y sus familias, así como para operaciones bélicas claves a nivel global, aunque reiteró que está en desacuerdo con la negativa a la eliminación del centro de internamiento.

Me siento profundamente decepcionado de que el Congreso no fuera capaz de adoptar medidas concretas en este asunto, porque mantener año tras año esta penitenciaría socava nuestras posiciones en la arena internacional, añadió.

Obama sugirió que las provisiones de la NDAA pudieran violar las facultades que le otorga la Constitución sobre la separación de poderes, en particular respecto al traslado de los detenidos a territorio continental norteamericano.

PLANES SIN CONCRETAR

A mediados de julio de 2015 la asesora de seguridad nacional de Obama, Susan Rice, sostuvo una reunión con miembros del gabinete para analizar la forma de cerrar la prisión en Guantánamo antes de que el mandatario abandone su cargo en enero de 2017.

En ese encuentro el secretario de Defensa, Ashton Carter, recibió la indicación de presentar en un plazo de 30 días nuevas propuestas de transferencia de prisioneros, pero el funcionario no se comprometió a adoptar una medida de ese tipo en una fecha determinada.

Medios de prensa anunciaron a principios de noviembre que la Casa Blanca presentaría próximamente un plan para eliminar esa cárcel -anuncio que hasta la fecha no se concretó- y trasladar los reos a prisiones en territorio continental, posiblemente en instalaciones de Colorado, Carolina del Sur y Kansas.

De inmediato los republicanos en el Congreso se alistaron para rechazar este programa, que de hecho sería un desafío a la NDAA que ahora le prohíbe explícitamente hacerlo.

Los atentados del 13 de noviembre pasado en París, que provocaron 130 muertos, estimularon a sectores conservadores en el Capitolio a arremeter contra la clausura de la penitenciaría en la base de Guantánamo.

Como parte de esa campaña, 16 congresistas republicanos ex miembros de las fuerzas armadas estadounidenses, pidieron el 23 de noviembre al Departamento de Defensa que impida el cierre de ese centro de detenciones.

El grupo, liderado por el representante Mike Pompeo, envió una carta a la Junta de Jefes de Estado Mayor, máxima instancia de dirección castrense, en la que rechaza los planes de Obama de clausurarlo y transferir los detenidos hacia territorio continental de Estados Unidos.

Sin embargo, Obama y quienes lo apoyan en este plan argumentan que el Artículo Segundo de la Constitución otorga al jefe de la Casa Blanca la autoridad legal para decidir, no solamente dónde desplegar tropas, sino también el lugar más conveniente para albergar a los prisioneros.

Un total de 14 grupos de religiosos, activistas por las libertades civiles y de estudio sobre seguridad nacional señalaron recientemente en una carta a los legisladores que las restricciones a las transferencias de los reos que están en esa prisión pueden bloquear su cierre definitivo.

Durante 2015, el Departamento de Defensa proporcionó muy poca información acerca del estado de salud de los recluidos, la mayoría de ellos afectados por una prolongada huelga de hambre que se extendió por casi dos años, con diferentes niveles de participación de los detenidos.

El ayuno comenzó el 6 de febrero de 2013 con seis prisioneros, pero se unieron más huelguistas que rechazan medidas como el confinamiento por tiempo indefinido, los registros a sus pertenencias y confiscación de copias del Corán, el libro sagrado de los musulmanes.

En un momento pico de la protesta, alrededor de 90 detenidos se mantenían sin ingerir alimentos, en protesta por las irregularidades y abusos cometidos en su contra y las condiciones de su detención durante más de una década, sin que se les impute acusación oficial alguna a la mayoría de ellos.

Según las autoridades castrenses, a cerca de una veintena de ellos se les alimentó de manera forzosa y otros fueron tratados en un centro hospitalario.

En esa situación estuvo el reo yemenita Tariq Ba Odah, de 37 años, quien realizó una huelga de hambre desde 2007, cuyos abogados pidieron su liberación en agosto pasado, pero la Casa Blanca informó que rechazará cualquier orden judicial para dejarlo salir.

Por otra parte, en julio de este año el periódico Military Times reveló que el Pentágono investiga un posible aumento de casos de cáncer entre militares y empleados civiles de la cárcel de la base en Guantánamo.

El repunte de esta enfermedad se presenta principalmente entre las personas que trabajan en los juicios a los detenidos en el centro de internamiento, pues existen evidencias de que hay potenciales elementos cancerígenos en los sitios donde funcionan las cortes militares en dicho enclave castrense.

En definitiva, a Obama le queda poco más de un año en su cargo y en medio de la campaña con vista a las elecciones presidenciales de 2016, le resulta difícil tomar medidas ejecutivas para cerrar la prisión.

Por esta y otras razones, algunos expertos advierten que, a pesar de sus esfuerzos, al mandatario le será muy difícil cumplir su promesa de cerrar esta prisión militar, que él mismo asegura es una vergüenza para Estados Unidos.