Brasil: llaman a evitar juicio contra Rousseff

Movimientos populares y partidos políticos que conforman el Frente Brasil Popular hicieron un llamado a la unidad para rechazar las pretensiones de la derecha local de iniciar un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff.

Un grupo de parlamentarios liderados por el diputado Eduardo Cunha, desean enjuiciar a Rousseff para separarla del poder y acabar programas sociales, privatizar el país y someter a intereses imperialista, denunció el Frente a través de un comunicado.

En ese sentido instaron a todas las fuerzas políticas progresistas y movimientos sociales a participar en una manifestación nacional en respaldo a la jefa de Estado, contra quien no se han presentado evidencia alguna.

Señalan que la principal figura detrás de la iniciativa, el líder de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, posee cuentas bancarias en el extranjero, cuyos fondos son de dudosa procedencia.

Cunha pretende llevar adelante este proceso contra la gobernante para contentar a la derecha e impedir asimismo la pérdida de su mandato en el órgano legislativo, señala el manifiesto del Frente Brasil Popular.

Insisten en que si los sectores de derecha desean alcanzar el poder deberán esperar a la celebración de los próximos comicios en 2018, y participar según las reglas democráticas.

De igual forma un grupo de 70 juristas, rechazaron cualquier tentativa parlamentaria de enjuiciar a la jefa de Estado; mientras que 26 gobernadores cuestionar la iniciativa de los parlamentarias de derecha.

Dirigentes de partidos políticos de izquierda conformaron un movimiento en defensa del orden democrático y contra el plan de golpe de Estado contra Rousseff a través del juicio político.

En contexto

El pasado miércoles 2 de diciembre, el presidente del Congreso brasileño, Eduardo Cunha, aprobó la solicitud de juicio político contra la presidenta de ese país, Dilma Rousseff, por presuntamente haber “maquillado” las cuentas públicas de 2014 y 2015 y "cargado" a los bancos del Estado gastos correspondientes al Gobierno por 41 mil millones de reales en 2014 (equivalente a unos 10 millones de dólares).

Ante estas acusaciones, Rousseff manifestó que defenderá su mandato con todos los instrumentos del Estado de derecho por la salud de la democracia brasileña.

Afirmó que no cometió ilícitos que justifiquen ese proceso, pues no tiene cuentas bancarias en el exterior. Dijo además que los argumentos presentados contra ella en el pedido de juicio político son inconsistentes y alertó que están en peligro los avances logrados en los últimos 13 años.