Greenpeace protesta ante el Congreso español por la "Ley Mordaza"

En la bandera, subida con una gran grúa, se podía leer "Protestar es un derecho".

Greenpeace y numerosas organizaciones, movimientos sociales, sindicatos, asociaciones de juristas y partidos políticos se están movilizando a lo largo de todo el día de hoy en España en contra de esta ley.

Según las organizaciones, la ley permite la expulsión exprés de los inmigrantes, impone fuertes multas por manifestarse ante el Parlamento o ante instalaciones estratégicas y establece la prohibición de tomar fotos o filmar a las fuerzas del orden en pleno trabajo.

"Esta ley carece de justificación, ya que no hay problemas graves de seguridad ciudadana en España", critica, en un comunicado, el portavoz de Greenpeace, Miguel Ángel Soto.

A su juicio, la ley "está pensada para silenciar con multas las voces que critican la gestión del Gobierno y las consecuencias de la crisis social, ambiental y económica producto de la corrupción, los recortes sociales y de derechos, o la privatización de los servicios públicos".

"A partir de mañana serán las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el Ministerio de Interior quienes interpreten cómo debemos ejercer nuestros derechos de expresión y manifestación", según Soto, que denuncia que "dada la presunción de veracidad del testimonio de los miembros de la fuerzas de seguridad, se podrán atribuir conductas ilícitas a los ciudadanos sin que haya quedado probado que participaron en las mismas".

A través de la plataforma No somos Delito y de la campaña ciudadana #SinMordaza se han convocado para hoy más de 30 protestas en España contra una ley "que supone el mayor retroceso en libertades públicas desde la restauración de la democracia en España", denuncian los organizadores.

En unas recientes declaraciones a Sputnik Nóvosti, María Serrano, responsable y portavoz de Amnistía Internacional en política interior, expresó su preocupación por una reforma que impone las llamadas "expulsiones en caliente": "Son expulsiones sumarias y colectivas que están prohibidas por el derecho internacional porque vulneran el derecho de asilo", aseguró a esta agencia.

"Las consecuencias pueden ser muy graves: estas personas son devueltas a países donde pueden correr peligro dado que no se analiza su situación personal", alertó.

Según la portavoz de Amnistía, las autoridades españolas "no han escuchado los llamamientos de Europa y de cientos de organizaciones que piden detener esta vulneración de derechos humanos".