España impide voto de personas con discapacidad

Más de 80 mil personas declaradas incapacitadas judicialmente, son excluidas por el Estado español de participar en sufragios. El Gobierno español no se ajusta a las normativas de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que fue ratificada en el 2008, prohibiéndole el voto a 80 mil personas incapacitadas judicialmente, debido a que la Ley Orgánica de Reforma Electoral (LOREG) aún no ha sido modificada por el parlamento del país europeo.

Para el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo, la Convención de Naciones Unidas insta a España a modificar la LOREG bajo el concepto de que ningún discapacitado está limitado para sufragar.

Durante el año 2011, la ONU evaluó la competencia jurídica de España, para determinar si más de 90 normativas se ajustaban a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, determinando así que no cumplieron con sus deberes electorales, al no cambiar la LOREG.

Para Cayo, se trata de falta de voluntad política, puesto que en el 2013 la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados había aprobado de manera unánime solicitar al Estado una propuesta de reforma electoral en el plazo de seis meses. A la fecha actual, ese llamado aún sigue ignorado.

“No cuesta nada realizar ese cambio en la ley”, indica Cayo, aunque el Ministerio del Interior insista en que no será necesario modificar la ley, pese a los llamados de la ONU, a las peticiones del Congreso de los Diputados y la perseverancia del Real Patronato de la Discapacidad.

La LOREG en España la aplican de manera estricta los jueces, cuando en sus sentencias realizan una definición de la capacidad de la persona para determinar si está en condiciones de ejercer su voto.

Así lo informa el gerente de Down España, Agustín Mata, quien no entiende el por qué es cuestionado el voto de una persona con discapacidad intelectual, si fácilmente pudiera apoyar a algún partido por el hecho de que le simpatice el color de sus siglas o sonrisa del candidato.

Sólo ocho países de la UE incluyen directamente la participación política dentro de sus estrategias de integración de discapacitados.

Mata insiste en que el sistema electoral debe abrirse a las personas con discapacidad, y hace una analogía de esta exclusión con la que ocurrió en 1933 en España, cuando las mujeres tenían prohibido votar.

Sentencias dudosas

La Confederación española de organizaciones en favor de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo (FEAPS) considera que se debe solicitar al Gobierno español la revisión de las sentencias judiciales de incapacidad, así lo manifiesta su responsable de Comunicación Fermín Núñez.

Fermín asegura que revisando las sentencias, se pudieran revocar algunas incapacitaciones y no privar tanto a la población discapacitada de este derecho.

FEAPS durante el año 2014, posicionó la campaña #MiVotoCuenta en un intento de concientizar a las personas en general sobre la importancia del voto de las personas con discapacidad.

Aún así, a millones de ciudadanos con diferentes discapacidades quedaron al margen de las Elecciones al Parlamento Europeo, por lo que la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) de la Unión Europea realizó un informe demandando esta situación.

Entre las barreras que el Estado colocaba como ejemplo para la exclusión figuraba la ausencia de rampa para uso de sillas de ruedas en los colegios que funcionaban como centro de votaciones; hasta declaraciones de incapacidad total por asunto mental.

Pese a todos los obstáculos, los discapacitados están interesados en la política ya que para ellos votar y defender sus intereses es más relevante que para los demás, según revela el informe de la FRA. Ver más en: Discapacitados con dificultad para votar en comicios europeos.

Importante: Más de 8 mil madrileños con discapacidad intelectual sentenciada por un juez, no pueden votar. Un derecho fundamental del que están privados más de la mitad de los discapacitados españoles, por razones aparentemente legales.