Comité contra la tortura critica política migratoria de EEUU con los menores

Comité contra la tortura critica política migratoria de EEUU con los menores
Fecha de publicación: 
12 Noviembre 2014
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Estados Unidos compareció ante el Comité contra la Tortura de la ONU, que entre hoy y mañana revisará si Washington ha cumplido desde 2006 con la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Uno de los dos relatores, Alessio Bruni, definió como una "situación dramática" lo que sucede con los "68.000 menores inmigrantes detenidos y que provienen especialmente de El Salvador, Guatemala, Honduras y México, y que entraron en Estados Unidos tratando de huir de una vida de violencia y abusos".

"Asimismo, no entiendo por qué hay otras 68.000 familias inmigrantes detenidas en los centros de detención. ¿No había otra manera de mantenerlas?", se cuestionó Bruni.

El experto pidió a la delegación que aporte información más detallada de todas estas personas retenidas, así como del número de los que fueron expulsados inmediatamente tras ser detenidos.

El segundo relator, Jens Modvig, preguntó sobre las denuncias de abusos sexuales a menores en los centros de detención y pidió datos al respecto.

La experta Sapana Pradhan-Malla cuestionó sobre las investigaciones a funcionarios de centros de detención por supuesto abuso sexual de inmigrantes y preguntó cuántos procesamientos las siguieron.

Pradhan-Malla también se preguntó por qué se sigue encadenando a las inmigrantes retenidas en el momento del parto, una pregunta que Modvig amplió "al conjunto de las cárceles del país".

George Tugushi, que hoy actuaba como presidente porque quien ostenta el cargo, Claudio Grossman, se abstuvo por residir en Estados Unidos, también se refirió a los inmigrantes.

Tugushi preguntó por qué se les somete a "detención prolongada y a veces indefinida".

"¿Por qué no se les individualiza, se trata sus casos conforme a la ley, y por qué no se buscan alternativas a la detención?, cuestiono Tugushi.

Sobre la base militar de Guantánamo (Cuba), los expertos cuestionaron por qué seguía abierta con un centenar y medio de presos -la mayoría de los cuales no han sido sometidos a juicio-, que no gozan de los derechos fundamentales de cualquier ciudadano.

Mary Mcleod, asistente jurídica del Gobierno estadounidense, afirmó durante su intervención inicial que su Ejecutivo tiene claro que la Convención sobre la Tortura se aplica incluso en tiempos de guerra.

Bruni solicitó datos concretos sobre el estado de todos lo reos, y, específicamente, quiso saber si los que son sospechosos pero no han sido procesados tienen las mismas garantías judiciales que el resto.

Los dos relatores reclamaron información sobre la alimentación forzada a presos de Guantánamo -algo que todas las instancias de la ONU rechazan- y preguntaron por qué los presos no tienen derecho a atención médica independiente.

Asimismo, los expertos cuestionaron qué garantías da el Gobierno de que los presos transferidas a terceros países no serán torturados.

Finalmente, los expertos preguntaron al Gobierno de EEUU por qué impide que el relator de la ONU sobre la Tortura visite Guantánamo y se entreviste individualmente con los presos.

Los expertos también cuestionaron sobre los malos tratos sufridos por los reos condenados a muerte, tanto durante los años que pasan en el corredor de la muerte como durante la ejecución, y sugirieron el establecimiento de una moratoria a la pena capital.

Otro de los temas recurrentes fue conocer si se han producido investigaciones y procesos contra funcionarios civiles y militares presuntamente responsables de malos tratos y torturas.

Además, hubo preguntas sobre el uso de pistolas eléctricas y las supuestas 600 muertes que han causado; sobre los abusos del clero y sobre abusos cometidos con la comunidad transexual, entre otros.

A lo que no hicieron referencia los expertos fue al caso de Michael Brown, el joven afroamericano que murió tras ser disparado por Darren Wilson, un policía blanco.

Los padres de Brown se entrevistaron ayer en privado con los miembros del Comité, pero hoy ninguno de sus miembros hizo mención expresa al caso o a las violentas protestas que siguieron a la muerte del joven.

En una rueda de prensa posterior, el padre de Michael Brown pidió al Gobierno de Estados Unidos que implemente un "plan nacional para la justicia racial".

El progenitor dijo que había acudido a Ginebra a "buscar justicia para su hijo" y que había presentado el caso ante el Comité contra la Tortura porque su muerte es un ejemplo del "excesivo uso de la fuerza" por parte de los cuerpos de seguridad estadounidenses.

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