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Martes, 28 Octubre 2014 06:20

El escrutinio sobre espionaje masivo de la NSA llega a los tribunales

Escrito por  AP
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Edward Snowden Edward Snowden

Mientras el Congreso de Estados Unidos sopesa cómo delimitar la recogida que hace la NSA de registros telefónicos de ciudadanos estadounidenses, impacientes grupos de libertades civiles tienen la vista puesta en procesos legales ya iniciados en varios tribunales para limitar la capacidad de vigilancia del gobierno.

Tres cortes de apelaciones están instruyendo demandas sobre el programa de recogida masiva de registros telefónicos, lo que podría llevar a una decisión posterior en el Tribunal Supremo. Entre tanto, los jueces de tribunales menores se enfrentan a la decisión de si admitir en procesos por terrorismo pruebas obtenidas a través de la vigilancia de la NSA obtenidas sin orden judicial.

Este revuelo de actividad sigue a las revelaciones realizadas el año pasado por el ex contratista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) Edward Snowden sobre otrora secretos programas de recogida de la información.

Los defensores de los derechos civiles señalan que el debate sobre el espionaje posterior al 11/S, que en un principio celebraron en secreto los congresistas, se ve cada vez más expuesto en tribunales abiertos, no sólo en Nueva York y Washington, sino también en lugares como Idaho y Colorado.

"Lo que es diferente sobre el debate ahora es que los tribunales son un factor mucho mayor", explicó Jameel Jaffer, subdirector de la Unión Americana de Libertades Civiles. Antes de las filtraciones de Snowden, dijo, las cortes solían verse relegadas a un segundo plano de la discusión. Ahora, los jueces están en posición de tomar decisiones importantes, al menos sobre algunos aspectos, en los próximos meses.

Aunque no está claro que el Tribunal Supremo vaya a intervenir, los casos avanzan en un momento en el que los jueces están cada vez más cómodos abordando cuestiones de privacidad digital, incluyendo seguimientos de coches por GPS y registros policiales de celulares.

Las revelaciones de que el gobierno estaba recogiendo de forma masiva registros telefónicos de millones de estadounidenses que no eran sospechosos de delitos forzó a reconsiderar la estrategia, y el presidente, Barack Obama, pidió que se abandonara esa práctica.

Desde entonces, el Congreso ha aprobado legislación al respecto que los activistas consideran insuficiente. En el Senado, el demócrata de Vermont Patrick Leahy, presidente del Comité Judicial, trabaja en una medida más estricta que prohíba la recogida en masa, con apoyo bipartisano y de la Casa Blanca.

Mientras el Congreso estudia la cuestión, tribunales federales han ofrecido opiniones dispares que se están dirimiendo a través de apelaciones.

Por primera vez, el Departamento de Justicia empezó el año pasado a notificar a acusados concretos de que había recogido información contra ellos a través de vigilancia sin orden judicial, abriendo camino a demandas judiciales.

En el horizonte está la fecha límite del 1 de junio de 2015, cuando expira la cláusula que permite la recogida masiva de datos. Si no se toman medidas antes, podrían reducirse las posibilidades de que el Supremo revise la cuestión. Por otro lado, el Congreso podría actuar antes, lo que resolvería algunas de las cuestiones pendientes.

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