EE.UU. se enfrenta al aislamiento diplomático en Latinoamérica por el caso de Venezuela

En su primera reunión con líderes hemisféricos en Trinidad en 2009, el presidente Obama prometió dar vuelta a la hoja. Pero en la actualidad, su administración se encuentra aún más aislada que la de su predecesor y por muchas de las mismas razones.

La prueba número 1 fue el voto asimétrico del 7 de marzo en la Organización de Estados Americanos (OEA) acerca de Venezuela. Veintinueve de 32 países no solo rechazaron el intento de Washington por hacer que la OEA interviniera en Venezuela, sino que añadiendo el insulto al daño aprobó una resolución que expresó su solidaridad con el gobierno del Presidente Nicolás Maduro. Es difícil imaginar una derrota diplomática tan sonada en un organismo donde el gobierno de EE.UU. aún posee una influencia desproporcionada.

La administración Obama parece surrealísticamente ignorante del hecho de que este es un hemisferio muy diferente al de hace 15 años. Los gobiernos que representan a la mayoría de Latinoamérica son ahora de izquierda, lo cual incluye a Brasil, Argentina, Ecuador, Bolivia, Uruguay y Venezuela en Sudamérica; El Salvador y Nicaragua en Centroamérica. Estos gobiernos rechazan de manera enfática la presentación por parte de EE.UU. de los hechos recientes en Venezuela como que un gobierno está tratando de “reprimir a manifestantes pacíficos”. Si miramos las declaraciones de estos gobiernos y organismos tales como el bloque comercial sudamericano Mercosur y la Unión de Naciones Sudamericanas, ellos comparten la opinión que Maduro tiene de las protestas. Hasta la presidenta Michelle Bachelet de Chile, quien es renuente a criticar a Washington como mucho de los otros hacen, usó la palabra “desestabilización” para describir a las protestas. Y ellos ven que Washington una vez más está utilizando su músculo para apoyar este esfuerzo.

Ellos han visto antes este filme. En 2002, la administración Bush “suministró entrenamiento, formación institucional y otros apoyos a individuos y organizaciones que se sabía que estaban implicados en el golpe militar” que derrocó brevemente al entonces presidente Hugo Chávez, según el Departamento de Estado.  Al fracasar el golpe, Washington aumentó el financiamiento a grupos de la oposición, lo cual ha continuado hasta hoy.

Esos líderes respetan a Maduro y tienen razón en creerle cuando él dice que está tratando de evitar la violencia. El gobierno hasta ahora ha arrestado al menos a 21 agentes de la seguridad. A pesar de crímenes cometidos por oficiales individuales de la seguridad, no hay evidencia de que la administración de Maduro haya intentado usar la violencia para reprimir la disensión desde que las protestas comenzaron, la mayoría de las muertes relacionadas han sido a manos de los manifestantes, no de las fuerzas de seguridad.

Ecuador y Bolivia también se enfrentaron a violentas protestas cuando fuerzas derechistas similares a las que lideran la oposición en Venezuela trataron de derrocar a sus gobiernos respectivos en 2008 y 2010. Sudamérica, liderada por Brasil, acudió en su ayuda en estos casos. Hicieron lo mismo por Venezuela en abril, cuando murieron varis personas (en ese caso casi todas chavistas) en manifestaciones contra la victoria electoral de Maduro. Allí también se vio a Washington en el lado equivocado, echando leña al fuego al negarse a reconocer los resultados de unas elecciones democráticas que fueron totalmente ciertas. La presidenta brasileña Dilma Rousseff y su aún amado predecesor Lula da Silva, denunciaron la “interferencia” de EE.UU.

La manipulación de la OEA por parte de la administración Obama después del golpe militar de Honduras en 2009 –para ayudar a legitimizar a una dictadura– alentó al resto de la región a crear una nueva organización hemisférica, CELAC, sin la presencia de EE.UU. y Canadá, a quienes se unió el gobierno derechista de Panamá que objetó la resolución del 7 de marzo.

El resto del hemisferio va a oponerse a cualquier intento por parte de EE.UU. de situar a un número relativamente pequeño de protestantes dirigidos por políticos derechistas en el mismo plano que un gobierno democráticamente elegido –lo cual es similar a lo que Washington hizo cuando organizó una “mediación” entre la dictadura hondureña y el gobierno elegido democráticamente que derrocó en 2009. La región ve a Washington como que este trata de deslegitimizar al gobierno de Venezuela, y de esa manera alentar la violencia y la desestabilización.

Si la administración Obama quiere mejorar las relaciones con la región, pudiera comenzar por unirse al resto del hemisferio en aceptar los resultados de elecciones democráticas.

Oliver Stone es un director, guionista y productor ganador de premios Oscar. Mark Weisbrot, codirector del Centro para Investigaciones Económicas y Políticas, escribió conjuntamente con Stone el documental dirigido por este Al sur de la frontera.

(Este artículo de opinión apareció originalmente en The Boston Globe.)