Rechazan medida de empresa en El Salvador contra embajada de Cuba

La citada cadena comercial retiró hace varias semanas la membresía a los diplomáticos de la isla en El Salvador, así como a los salvadoreños que trabajan en la embajada.

"No podemos permitir que en el territorio salvadoreño se aplique el injusto bloqueo a Cuba, donde el Estado de El Salvador, mediante la gestión del presidente, Mauricio Funes, junto con el resto de países del mundo, condenan" esa medida unilateral y arbitraria, recalca en un comunicado.

El movimiento social de solidaridad salvadoreño, siempre ha tenido una posición clara y firme de condena al bloqueo a Cuba, subraya.

La Coordinadora llamó a repudiar la medida, en un acto al que invitó comités de solidaridad con Cuba, organizaciones sociales y políticas, el viernes 14 de este mes en la Urbanización Madre Selva, departamento La Libertad, frente a la sede de esa compañía.

Prensa Latina tuvo acceso a una carta enviada por el gerente general de la cadena de supermercado Ricardo Osorio, a la embajadora cubana, Iliana Fonseca, en la cual anuncian la suspensión del acceso a sus servicios.

"PriceSmart El Salvador, es subsidiaria de una compañía de Estados Unidos. Siendo así, el gobierno de Estados Unidos prohíbe a nuestra casa matriz, y por lo tanto, a nosotros en El Salvador, el realizar ventas o negocios con ciudadanos de Cuba, quienes no residan permanentemente en el país o en otro posiblemente", señala la carta.

La embajadora Fonseca, expresó a Prensa Latina que esta es una muestra fehaciente de la vitalidad y recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba y de su carácter extraterritorial.

Subrayó que el personal diplomático no constituye ningún peligro para Estados Unidos, desde la óptica en que ellos miran la medida condenada año tras año por la comunidad internacional.

En octubre pasado, 188 países votaron a favor de la resolución 67/4 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, titulada "Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba".

Solo dos países votaron en contra: Estados Unidos e Israel y tres se abstuvieron: Islas Marshall, Palau y Micronesia.

Estados Unidos insiste en mantener esa política hostil implantada hace 53 años, con el fin de dañar al pueblo para hacer sucumbir a la Revolución.

En las conclusiones de esa resolución, Cuba reiteró que "el mantenimiento de esta política constituye una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de todo un pueblo".

Añade que "califica como un acto de genocidio en virtud de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948".

Subraya que al mismo tiempo, viola "los derechos constitucionales del pueblo norteamericano, pues quebranta su libertad de viajar a Cuba, y transgrede los derechos soberanos de muchos otros Estados por su carácter extraterritorial".

La resolución concluye que el bloqueo es una política absurda, obsoleta, ilegal y moralmente insostenible, que no ha cumplido ni cumplirá el propósito de doblegar la decisión patriótica del pueblo cubano de preservar su soberanía, independencia y derecho a la libre determinación.