Cuba: Impuestos para bien

En Cuba hay muy poca cultura tributaria, y no solamente en la población, en los contribuyentes, sino también en las instituciones, en las estructuras estatales, incluso en la academia.

En el proyecto de país que construimos hasta hace algún tiempo —que por imperio de circunstancias externas e internas, tenemos la obligación de transformar— el tema de los impuestos siempre fue secundario.

Se explica por el casi absoluto control del estado de casi todas las fuentes de recursos, de casi todos los medios de producción. No tenía sentido establecer controles de los ingresos para deducir contribuciones pues casi todo salía y terminaba en el estado.

La administración centralizada y planificada de la economía, las subvenciones de servicios y productos, las casi inexistentes relaciones de mercado… incidían en que no se considerara el impuesto como una forma de ingreso de recursos.

Pero con la expansión del sector no estatal y las nuevas regulaciones para la gestión de la propiedad —medidas imprescindibles en los tiempos que corren— el estado ha perdido capacidad de control de los ingresos.

Para el armónico desarrollo de las nuevas formas de propiedad y gestión del dinero, es necesario articular un instrumento regulador. De lo contrario, sería la anarquía.

Un sistema tributario sólido, bien organizado, es garantía de desarrollo en cualquier sociedad.

Pero la verdad es que no estamos acostumbrados.

Durante años lo recibimos todo (ojo, no digo que recibiéramos todo lo que necesitábamos) por “la canalita”, sin necesidad de comprender los mecanismos de producción y distribución.

La mayoría de la población vivía de su salario (bien durante algún tiempo, con serias dificultades cuando la crisis se hizo palpable), que tácitamente se asumía bajo porque de ahí se deducía el costo social de la educación, la salud, el deporte, la cultura, las jubilaciones y otros servicios “gratuitos”.

Está más que claro que sobre todo en las últimas décadas ese salario “oficial” ha sido insuficiente.

Muchos cubanos vivían —y viven, de hecho— de lo que popularmente se conoce como “el invento”, un término que incluye prácticas más o menos legales, que van desde la lógica de la supervivencia hasta el delito mondo y lirondo.

Se impuso la necesidad de cambiar la legislación vigente. Y ese es el proceso que vivimos ahora. Para algunos estos cambios van más despacio de la cuenta, otros —entre ellos las instancias gubernamentales— consideran que es necesario articularlos con paciencia, y para no pocos son insuficientes.

Pero lo cierto es que las transformaciones parecen irreversibles. Dentro de ese rosario, los impuestos son uno de los temas más polémicos. Existe la percepción de que solo sirven para “quitar dinero”, no hay claridad de sus fines.

Esa incultura ha determinado que la aplicación de la nueva legislación tributaria sea gradual, de manera que todos los actores puedan ir ganando experiencia. Se pueden ir haciendo actualizaciones y correcciones en el contexto de la Ley de Presupuesto que se aprueba cada año.

La ley es flexible y es una ventaja. Pero a todas luces ha faltado implicación popular. A diferencia del nuevo Código de Trabajo, por ejemplo, que fue analizado en profundidad por amplios sectores en todo el país antes de ser sometido a su aprobación en la Asamblea Nacional del Poder Popular, la Ley Tributaria no se discutió suficientemente con la población.

La profesora Saira Pons, especialista del Centro de Estudios de la Economía Cubana, lo comentaba hace unos días en una entrevista publicada por OnCuba: “A nivel de contribuyentes hay poco dominio de los temas impositivos, y lo peor no es el desconocimiento acerca de cuánto tienen que pagar, cuándo y cómo, sino que no comprenden por qué tienen que entregar este tributo al Estado. Ellos no perciben que esto les beneficie en nada, y ahí es donde hay que avanzar más. Las claves para reforzar el pacto fiscal son una mayor participación y transparencia, así como elevar la calidad del gasto público”.

Tiene que quedar claro que los impuestos son una obligación de todo ciudadano, una responsabilidad que al mismo tiempo otorga derechos que hasta ahora mismo no han sido muy respetados.

Que cada quién aporte según sus ingresos.

Por lo pronto, la aplicación de la ley está en pañales. Muchos de los contribuyentes consideran que la nueva legislación no es justa, que los montos de las contribuciones son demasiado elevados.

Es algo para debatir, afortunadamente en la ley no hay nada inamovible. Primero hay que ganar en transparencia, en educación y en conciencia. Después hay que aprovechar los espacios de discusión y las estructuras de control público del presupuesto.

Estamos comenzando. Regresaremos con el tema…