Ley Habilitante, espaldarazo al nuevo proyecto económico venezolano

Ley Habilitante, espaldarazo al nuevo proyecto económico venezolano
Fecha de publicación: 
19 Noviembre 2013
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Así lo afirmaron las autoridades de la nación que asumen en estos días una ofensiva gubernamental contra la especulación y la usura de empresarios y comerciantes de la derecha.

Presentada ante el órgano legislativo el pasado 8 de octubre por el presidente Maduro, la Ley será aprobada este martes definitivamente, según coinciden dirigentes gubernamentales, miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) de la AN, el Gran Polo Patriótico y pueblo en general.

El propio mandatario afirmó que su aprobación permitirá que las acciones del Gobierno para estabilizar la economía tengan un carácter permanente.

Explicó que la Habilitante, aprobada en su primera vista con 99 votos a favor y 60 en contra, es un poder especial para asumir la lucha en dimensiones de la vida nacional que ameritan un esfuerzo especial.

En ese sentido, Maduro señaló que ese instrumento legal es fundamental para afianzar las acciones en contra de la corrupción, la especulación y la usura, y será una punta de lanza en la batalla contra la guerra económica declarada por la burguesía opositora.

El estadista ratificó que establecerá límites legales para precios y márgenes de ganancia una vez disponga de los poderes especiales que le otorgaría esa herramienta legal y anunció para esta misma semana sus primeras disposiciones.

Sostuvo que decretará enseguida una nueva legislación de Costos, Ganancias y Protección de Precios, así como una Ley de Comercio Exterior para garantizar el control de las importaciones y promover las exportaciones.

Ley Habilitante, solicitada para enfrentar el flagelo de la corrupción, daría luz verde al jefe de Estado para dictar por 12 meses decretos con rango, valor y fuerza de ley en las materias delegadas.

Y busca profundizar y ejecutar los mecanismos de sanción penal, administrativa, civil y disciplinaria, según sea el caso, para los que incurran en ineficiencia administrativa, política y en hechos de corrupción, así como en conductas que atenten contra el sistema económico.

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