Elecciones en Honduras: En plena guerra contra el pueblo

Grandes violaciones de los derechos humanos se intensifican por estos días en Honduras, en vísperas de las elecciones presidenciales del 24 de noviembre, con un gobierno en el poder que ha criminalizado la protesta, por lo que no es difícil pensar que en un clima de total impunidad cualquier cosa pueda pasar.
                                            

                                                               
Ocho candidatos de nueve partidos, cuatro de reciente formación, integran el esqueleto de la aspirantura a encabezar el Ejecutivo, en un ambiente en el que se hace muy difícil predecir, subrayo, si serán transparentes y honestas o, como es probable, predomine el caciquismo, el miedo a disentir y la eliminación física de activistas y políticos consecuentemente antigubernamentales.
                                                                  

Hasta hace unos días, la favorita en las encuestas era Xiomara Castro de Zelaya, del recién integrado Partido Libertad y Refundación (Partido Libre) y esposa del depuesto presidente Manuel Zelaya, pero ahora le dan ventaja de cinco puntos sobre ella al aspirante del oficial Partido Nacional, Juan Orlando Hernández. Los otros candidatos con algunas posibilidades son Mauricio Villena, del Partido Liberal; Salvador Nasralla, del Partido Anticorrupción; y Andrés Pavón, del Frente Amplio Político Electoral en Resistencia.
                                                               

Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras, recordó que desde el golpe de Estado de 2009, en Honduras hay una guerra contra un pueblo desarmado.
                          

«Si hacemos públicas las amenazas que recibimos y el nivel de acoso, hostilidad e indefensión en el que nos encontramos, ¿a quién va a acudir entonces la ciudadanía que está siendo atacada?», se lamenta Bertha, quien conoce bien la impunidad de su país. En 1981 presenció el secuestro en su propia casa de su marido, Tomás Nativí, miembro fundador de la Unión Revolucionaria del Pueblo, cuando ella estaba embarazada de cuatro meses. Nunca lo volvió a ver. Lo hicieron desaparecer, como a tantos otros.
                           

                                       
El Lobo de Porfirio
                                                                                                                                                               

 
Desde el golpe de Estado del 2009, que expulsó del gobierno al presidente Manuel Zelaya, la violencia ha aumentado considerablemente. Datos hasta el 2012, reportan que en los tres años del gobierno de Porfirio Lobo —santificado por Estados Unidos— han sido asesinadas 119 mujeres, 53 abogados, 35 periodistas, 84 taxistas, decenas de líderes comunitarios, y más de 100 campesinos que luchaban por sus derechos contra terratenientes locales.
                                                              

De hecho, Honduras tiene el porcentaje de homicidios más alto del mundo. Es el país más violento de América Latina —por encima de México— y el más pobre, después de Haití. La tasa de crímenes mortales por cada 100 000 habitantes es de 86, cuando la media mundial es de 8,8.
                                                                                

                 
Diversos informes vinculan a ciertos sectores policiales con la actividad de escuadrones de la muerte. A pesar de esto, Estados Unidos sigue aportando ayuda económica a las fuerzas militares y represivas hondureñas. Y se realizan operaciones conjuntas –EE.UU. y Honduras contra el narcotráfico. Recientemente, en una de estas operaciones se mató a cuatro civiles.
                                                                               

A la mayoría de los criminales ni se les detiene ni se les enjuicia. El 90% de los asesinatos quedan impunes. El propio Gobierno ha confesado que solo se investiga el 20% de los crímenes.
                                              

Y esta es la admisión oficial, así que imaginen cuál es el porcentaje real en un país sumido en la corrupción y la impunidad, donde los gobernantes no hacen su trabajo y la situación empeoró durante la ya finalizada campaña electoral.
                                                                                          

En los últimos meses han sido asesinados más campesinos, abogados, activistas, ancianos, por lo cual se hace difícil pensar que los golpistas entreguen el poder a otro que no represente sus intereses, como Xiomara Castro.
                                                                     

No hay que olvidar que Honduras es un laboratorio que EE.UU. tiene para ver cómo se pueden generar más golpes de Estado en la región. Pero, al mismo tiempo, es interesante observar cómo la gente no tuvo miedo tras el golpe de Estado, porque salió a la calle durante más de cien días a reivindicar sus derechos, a pesar de la represión, que continúa bajo diferentes matices, principalmente contra el movimiento campesino, brutalmente perseguido.
                                                                                   

                                 
Hay una especie de guerra de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, el Ejército de Honduras y las fuerzas policiales en nombre del combate al narcotráfico, como sucedió en Colombia, pero lo que hacen es desarticular e intimidar a comunidades enteras e impulsar un proceso de invasión de territorios.
                                                   

                           
En este panorama se celebrarán las elecciones presidenciales de Honduras. Cierto que han llegado supervisores de la Unión Europea y Japón, y Estados Unidos asegura que respetará los comicios, siempre que haya «transparencia», pero ya su Embajadora en Tegucigalpa —quien dice que no interferirá— indicó que algunos candidatos han recibido el dinero del narcotráfico y, personalmente, está «ayudando» con las identificaciones de los posibles votantes.