Organización canadiense acusa a su Gobierno de espiar a ciudadanos

La Asociación de Libertades Civiles de la Columbia Británica denunció este martes al Centro de Seguridad de Telecomunicaciones de Canadá (CSTC) por interceptar las comunicaciones privadas de los ciudadanos y recolectar sus metadatos, lo que es inconstitucional.

Una organización canadiense de defensa de las libertades introdujo este martes una demanda contra Centro de Seguridad de Telecomunicaciones de Canadá (CSTC) por espiar de manera ilegal a los ciudadanos.

La Asociación de Libertades Civiles de la Columbia Británica señaló que el CSTC intercepta las comunicaciones privadas de los canadienses y recolecta sus metadatos, acciones que son inconstitucionales.

En un comunicado la asociación especificó, tras presentar la demanda ante la Corte Suprema de la provincia de la Columbia Británica, que estas actividades transgreden la libertad de expresión.

El ente pide que el CSTC deba tener órdenes de los tribunales para realizar las operaciones que se relacionen con los canadienses además del permiso del ministro de Defensa.

Las actividades de "vigilancia gubernamental sin control" representan una "seria amenaza" a los derechos de los ciudadanos, indicó el abogado de la asociación, Joseph Arvay.

El jurista expresó además que se encuentra ''profundamente preocupado'' ante el hecho de que el "CSTC haya accedido de forma secreta e ilegal a las comunicaciones de los canadienses medios y que no haya garantías razonables en marcha para vigilar sus actividades".

"Las experiencias en el mundo nos muestran que las agencias gubernamentales tienen tendencia a ir más allá, es decir, violar las fronteras del espionaje cuando no son controladas", acotó.

Mientras tanto, el primer ministro canadiense, Stephen Harpe manifestó su preocupación por los señalamientos y detalló que un comisario independiente supervisa las actividades de la CSTC para asegurar que se llevan a cabo siguiendo la ley.

Unos meses antes de esta denuncia, el diario brasileño O Globo citó que organismos de inteligencia de Brasil siguieron de cerca las denuncias de espionaje por parte de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos a ciudadanos de países latinoamericanos, incluidos la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y el mandatario mexicano Enrique Peña Nieto.

En julio, la prensa brasileña reveló, tras conocerse las filtraciones del exanalista de la NSA, Edward Snowden, que su país formó parte de una red de 16 bases de espionaje operadas por los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que intervinieron millones de llamadas telefónicas y correos electrónicos.

México también aparece en ese grupo de países, junto a Ecuador, Argentina, Venezuela, Colombia, Bolivia, Egipto, India, Irán, Turquía, China, Rusia, Francia, entre otros.