Caso Snowden: Rugido de un oso cojo

Hasta el momento, Rusia estudia su solicitud de residencia permanente y Venezuela, Bolivia y Nicaragua le han ofrecido refugio.

El mentor del proyecto de ley es el senador republicano Lindsey Graham, y el texto insta al secretario de Estado, John Kerry, a reunirse con legisladores para garantizar las sanciones.

La nueva jugarreta persigue lograr que Snowden sea extraditado a Washington para juzgarlo por filtración de documentos secretos que revelan un plan de espionaje mundial con sede en la Casa Blanca.

Hace unos días, el jueves, la Comisión de Asignaciones Presupuestarias del Senado aprobó la iniciativa de Graham, que será enmienda de la ley respaldada con 50 000 dólares.

Este último declaró que lo sacado a la luz por el ex analista de la CIA ha tenido consecuencias “increíblemente inquietantes” para lo que denominó la seguridad nacional.

¿Tiene la Casa Blanca moral para amenazar a países que, atenidos al derecho internacional, ofrezcan protección a un perseguido político como Edward Snowden?

Entre numerosos casos pueden seleccionarse algunos para contestar esa pregunta.

Cuando el primero de enero de 1959 en Cuba se derrumbó la tiranía de Fulgencio Batista, muchos de sus asesinos, torturadores y malversadores, huyeron hacia Estados Unidos y allí los refugiaron.

La Habana pidió en varias ocasiones la extradición de connotados violadores de los derechos humanos, al estilo de Esteban Ventura y Rolando Masferrer, pero no accedieron.

De esa horda surgirían desde aquel año los grupos de origen cubano que transformaron a Miami en una suerte de república independiente en el seno de Estados Unidos.

Genuinos representantes de quienes, desde entonces, fueron bautizados como “exiliados” o perseguidos de la Revolución de los Castro, del Castro-comunismo y otras etiquetas por el estilo.

Dos de ellos sintetizan lo peor de esas huestes, pero igualmente acogidos a la generosa protección del gobierno estadounidense, e incluso mimados por significativos integrantes de su Congreso.

Se trata de Luis Posada Carriles y Orlando Bosch Avila, prófugos de la justicia de Estados Unidos y Venezuela por sus cuantiosas acciones terroristas en esos países y otros territorios.

Una de ellas involucra a Venezuela, de donde el 6 de octubre de 1976 salió un avión civil cubano con 73 personas a bordo y minutos después voló en pedazos y sin sobrevivientes.

Las pruebas fueron tan irrefutablemente acusadoras, que las policías de Barbados, Trinidad Tobago y Caracas, señalaron a Posada Carriles y Bosch como los autores intelectuales del hecho, y a dos mercenarios venezolanos como los ejecutores.

El gobierno venezolano ha solicitado reiteradamente al estadounidense la extradición de Luis Posada Carriles, prófugo de su justicia, pero fuerzas mayores lo impidieron.

Otro ejemplo radica en el caso del ex presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, implícado en graves actos de genocidio y de  corrupción.

La administración de Evo Morales ha exigido reiteradamente a Estados Unidos que devuelva al prófugo Sánchez de Lozada para que responda por sus públicos delitos, pero inútilmente.

Al juzgar esta situación, Evo declaró a órganos periodísticos que el Norte es “un refugio de delincuentes”, así como “el paraíso de la impunidad”.

Ahora en su Senado cocinan un proyecto de ley para sancionar a quien ofrezca asilo a Snowden, típico rugido de un fuerte oso cojo, bajo la filosofía de hacer únicamente que digo.