El Pentágono vigila las llamadas telefónicas de millones de estadounidenses

La Agencia Nacional de Seguridad de EEUU, supeditada al Pentágono, vigila las llamadas de millones de clientes de la compañía telefónica Verizon, informó hoy el diario británico The Guardian citando una orden judicial secreta.

La orden, que obliga a Verizon entregar a las autoridades los registros telefónicos de sus clientes en los próximos tres meses, fue emitida por el Tribunal de Inteligencia y Vigilancia Exterior (FISC, por sus siglas en inglés) el pasado 25 de abril. Según The Guardian, es la primera prueba sustancial de que la Administración de Obama vigila a los estadounidenses a gran escala.

La información que Verizon debe proporcionar a las autoridades, incluye los parámetros de la llamada, los números de teléfono marcados y otros metadatos sin mencionar el contenido de las conversaciones ni los datos personales del cliente. No obstante, indica The Guardian, la información recopilada permitirá determinar al destinatario, proveniencia y la hora de la llamada.

La Casa Blanca, la Agencia Nacional de Seguridad y Verizon no han hecho comentarios al respecto. Además, la mencionada orden judicial prohíbe a la telefónica revelar cualquier información sobre su cooperación con las autoridades.

Recientemente, la agencia de noticias AP acusó al Departamento de Justicia de EEUU de haber intervenido en abril y mayo de 2012 en las grabaciones de llamadas realizadas en las oficinas de la agencia en tres ciudades de EEUU. Las escuchas se efectuaron a raíz de una nota del 7 de mayo de 2012 en la que la AP desveló los detalles de una operación organizada por la CIA en Yemen para abortar un atentado de Al Qaeda contra un avión con destino a EEUU.

El fiscal general de EEUU, Eric Holder, defendió la medida al subrayar que el objetivo era investigar una filtración muy grave, que ponía en riesgo a ciudadanos estadounidenses.

Las escuchas telefónicas fueron uno de los asuntos más controvertidos en la época de George W. Bush quien en 2008 promulgó una ley que permitía a los Servicios Secretos practicar escuchas sin consentimiento judicial a los sospechosos de espionaje y terrorismo y asimismo garantizaba la inmunidad judicial a las compañías telefónicas estadounidenses implicadas en las escuchas.