España: Protestas por los desahucios llegan a las casas de los políticos

Inspirados por las campañas latinoamericanas de defensa de los derechos humanos en los años 90, en los últimos días se han celebrado numerosos "escraches" - término argentino de denuncia -, protestas con pancartas, panfletos y gritos a las puertas de los domicilios de varios políticos.

El Ministerio del Interior prometió esta semana castigar a los manifestantes, a los que acusa de acosar a los miembros del Partido Popular en el poder, después de que un diputado contara cómo los manifestantes aporrearon su puerta y gritaron insultos mientras sus hijos estaban dentro.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, sufrió el viernes una de estas protestas en el centro de Madrid, protagonizada por unas 200 personas en medio de un amplio dispositivo policial.

"Todos tenemos derecho a defender nuestras ideas, pero la intimidación no puede ser nunca una forma de participar en los asuntos públicos", dijo el miércoles ante la cúpula de su partido el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, contra el que se llevó a cabo un escrache durante el receso de Semana Santa.

"Como presidente del Gobierno condeno estos actos", añadió.

Estas concentraciones dejan constancia de la irritación generalizada con la gestión de una profunda crisis económica, y algunos creen que se producirán más tácticas para llamar la atención, ya que los ciudadanos reconocen el impacto limitado de las manifestaciones habituales el último año.

"Hay cierto cansancio. Las manifestaciones a la que acudían decenas de miles de personas, como las que vimos de nuevo en febrero, parece que no tienen la misma eficacia", dijo Tomás Alberich, profesor de sociología en la Universidad de Jaén.

El aumento de los desahucios se ha convertido un frente clave de protesta en un país que ha llevado a cabo incontables movilizaciones desde que el Gobierno introdujo profundos recortes de gasto en 2012 para tratar de reducir el déficit.

El rescate europeo por 41.000 millones de euros a una banca española golpeada por la crisis inmobiliaria de 2008 se sumó a la irritación y generó protestas coloridas.

Recientemente, una serie de suicidios de personas que iban a perder su casa pusieron los desahucios en primer plano, forzando al Gobierno a ofrecer a las familias más vulnerables un aplazamiento de dos años para el pago de las letras de la hipoteca.

Las medidas fueron vistas por muchos como demasiado débiles para abordar un problema muy amplio: los casos de desahucios se multiplicaron casi por cuatro de 2008 a 2012 frente al periodo 2003-2007, según datos judiciales. El año pasado, los casos abiertos en los tribunales se incrementaron un 18 por ciento frente a 2011, a casi 92.000.

Los manifestantes quieren ahora cambios drásticos en la normativa de hipotecas, incluyendo la dación en pago, una medida que podría dañar a los bancos. En la actualidad, las deudas ni siquiera se cancelan con la muerte del deudor, lo que hace la legislación española bastante más estricta que en muchos otros países.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha persuadido al Parlamento para debatir una iniciativa ciudadana sobre las hipotecas que se votará en los próximos meses, después de que la petición en Internet fuera firmada por 1,5 millones de personas.

Sin embargo, el Partido Popular introdujo la semana pasa enmiendas a la iniciativa que acabarían con algunas de las principales demandas.

DE BUENOS AIRES A BARCELONA

La PAH está promoviendo los "escraches" - tácticas que se iniciaron en Argentina y Chile con protestas a las puertas de los lugares de trabajo de antiguos altos cargos vinculados con la dictadura. En Chile, las protestas fueron conocidas como "funes".

La PAH insiste en que no promueven la violencia en sus acciones, en las que tienen como objetivo a los políticos del PP y ante los que muestran pancartas rojas y verdes que simbolizan los botones del "sí" y el "no" en el Parlamento.

Algunos de los manifestantes han grabado las acciones ante casas o en lugares públicos como estaciones y las han colgado en YouTube.

"El protocolo es ir allí, tratar de hablar con los diputados, no todos de golpe pero en un apartado, contando un caso real en concreto", dijo David Cobo, portavoz de la PAH en la localidad madrileña de Alcalá de Henares.

Interior dijo el lunes que los participantes en los escraches serían identificados y sancionados, aunque las medidas se han topado con las críticas de algunos sindicatos policiales.

Otros miembros del PP han sembrado la controversia al comparar las tácticas con los atentados protagonizados por ETA durante sus más de cuatro décadas de violencia en pro de un País Vasco independiente.

Pocos grupos de protesta más han dado muestras de adoptar los "escraches", aunque están intentando reforzar sus quejas de diferentes formas.

"De momento no lo hemos contemplado (los escraches). Queremos una solución a través de ayuntamientos, autoridades comunitarios y gobiernos", dijo Humberto Gestido, portavoz de un grupo de ahorradores en Galicia que sufrieron la venta de preferentes y tienen ahora que afrontar las pérdidas del rescate bancario.

Estos manifestantes pasaron buena parte de su Semana Santa encerrados en el ayuntamiento de la pequeña localidad de Moaña con el objetivo de conseguir que les devuelvan el dinero.