España: Continuarán los desahucios

"Vamos a aprovechar el trámite parlamentario que tenemos en curso para adaptar la ley hipotecaria y la ley de enjuiciamiento civil", dijo el ministro de Economía, Luis de Guindos.

Según De Guindos, el Gobierno propone en dos enmiendas parlamentarias que se limiten los intereses de demora que pueden exigir las entidades de crédito a tres veces el interés legal del dinero y, por otro, se aumente de una a tres cuotas impagadas el mínimo necesario para que se pueda cancelar la hipoteca.

De Guindos dijo que los cambios normativos incorporarán todas las indicaciones del tribunal europeo que estableció en un fallo la semana pasada que la actual legislación española no protege de forma efectiva a los ciudadanos al impedir que se paralice de forma cautelar un desalojo por la posible existencia de cláusulas hipotecarias abusivas.

El Gobierno español, que el pasado noviembre ya anunció la paralización durante dos años de los desahucios de los colectivos más vulnerables, prevé introducir los cambios planteados por el tribunal europeo en un proyecto de ley sobre protección de deudores hipotecarios actualmente en tramitación parlamentaria.

Este proyecto de ley se está tramitando conjuntamente con una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que llegó al Congreso tras reunir más de un millón de firmas solicitando medidas como la dación en pago, que permite que, al entregar la vivienda, los hipotecados queden libres de su deuda con el banco, pero que ha sido rechazada por el Ejecutivo.

El fallo del tribunal europeo es vinculante de forma inmediata para todos los jueces de la UE, que podrán parar los desahucios hasta pronunciarse sobre la legalidad de las cláusulas de los contratos hipotecarios, dando un potencial "balón de oxígeno de años" a los deudores, teniendo en cuenta la lentitud de la justicia española, dijo la semana pasada una fuente judicial europea que pidió el anonimato.

En medio de la segunda recesión en cinco años y con una tasa de paro del 26 por ciento de la población activa, la situación de las familias que pierden sus hogares se ha convertido en una de las caras más dramáticas de la crisis.

Desde 2008, se han realizado unas 400.000 ejecuciones hipotecarias en España, de las cuales más de la mitad han terminado en desahucios, según datos del Consejo General del Poder Judicial citados por la asociación de usuarios de banca ADICAE.