Tamaulipas, tierra de desaparecidos

Las desapariciones forzadas aumentan de forma «alarmante» en muchos estados de México, como Tamaulipas, uno de los más violentos del país, donde la prensa está silenciada y la denuncia ante autoridades «incompetentes» es una excepción, según víctimas y activistas.

En esa región del noreste del país, que la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) considera «prácticamente una zona de excepción» o un «Estado fallido», desapareció hace ya más de un mes Milynali Piña Pérez, de 13 años, junto a tres primos y un tío.

En entrevista con Efe, la madre de Milynali, Graciela Pérez, narra su tragedia y con ella la de muchas familias que han perdido el rastro de algún ser querido en un país con 24 000 desaparecidos, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). «No tengo miedo», dice esta maestra de inglés, de 43 años, convencida de que la única manera de hallar a su hija, de nacionalidad estadounidense, y sus otros cuatro familiares, es hacer su propia búsqueda, porque de las autoridades aún no han logrado nada.

Su hija, su hermano Ignacio y tres de sus sobrinos desaparecieron el 14 de agosto en Tamaulipas, cuando regresaban de un viaje a Estados Unidos. El último contacto telefónico que tuvieron con su familia, originaria de Tamuín, San Luis Potosí, se produjo cuando estaban en Ciudad Mante, a solo dos horas de su destino.

La incertidumbre comenzó cuando sus familiares dejaron de contestar sus teléfonos, recuerda Pérez. Al día siguiente presentaron una denuncia ante el Ministerio Público.

Los cinco, que viajaban en una camioneta hacia Tamuín, están en calidad de desaparecidos porque ningún grupo ha pedido rescate, explica.

El Ministerio Público dice que la zona es «muy peligrosa» y por eso no va al lugar de los hechos para obtener información, mientras los militares, que llegaron hace unos meses a Ciudad Mante, sí buscan a la familia, pero no tienen capacidad de investigar, cuenta. «Nada desaparece por arte de magia», asegura Pérez, quien confiesa que su familia «está devastada» y se siente «impotente» ante la falta de resultados.

«Ya hemos hecho el camino gubernamental y no hemos logrado nada», señala tras enumerar una a una las puertas que ha tocado, desde la Presidencia hasta la Fiscalía, pasando por el consulado de EE.UU. en Matamoros y el FBI.

«Siento que mi hija está viva», dice entre lágrimas Graciela, quien intentó establecer, a través de una foto mostrada por los militares, si su hija estaba en el grupo de diez cadáveres hallados en una fosa clandestina en Xicoténcatl, cercana a Mante.

Se desplazó hasta Mante para hacer la identificación, pero cuando llegó, el cuerpo ya estaba enterrado y tuvo que conformarse con una foto que solo la llenó de dudas, y por ello quiere una comparación de la información genética para estar segura.

Antes de que un cadáver vaya a la fosa común, las autoridades deben tomar muestras de ADN y elaborar un expediente con todos los datos de las víctimas y contrastarlos con las denuncias, pero en muchas ocasiones eso no se cumple, dice a Efe Juan Francisco Torres Landa, de MUCD.

Graciela cree, «por la forma de operar», que Los Zetas privaron de la libertad a sus familiares para utilizarlos como «mercancía».

Vicente Hernández, un amigo de la familia, explica que el cártel del Golfo y su antiguo brazo armado, Los Zetas, se disputan el control de ese corredor hacia Estados Unidos.

Su modo de operar «es capturar a gente para extorsionar, intercambiar prisioneros o resguardar sus escapes. También tienen a las víctimas en las casas de seguridad para exponerlas cuando las autoridades llegan, a fin de que ellos puedan iniciar la huida», dice.

Todo esto ocurre sin que las autoridades hagan nada al respecto. Los ciudadanos no denuncian, muchos están amenazados y temen por sus vidas, apunta Graciela, quien comenta que ni siquiera los comercios permiten que ponga los carteles con las fotos de sus familiares desaparecidos.

«Se respira el miedo» en el sur de Tamaulipas, la parte olvidada del Estado, en contraste con el norte, que acaparó los reflectores con la masacre de 72 migrantes, en su mayoría centroamericanos, en el municipio de San Fernando en 2010, afirma.

Por ello, apela a la denuncia para llamar la atención sobre su caso y el de muchos otros en Tamaulipas, donde las autoridades rehúsan informar sobre las personas reportadas como desaparecidas.

Interrogado por Efe, el portavoz de la fiscalía estatal, Rubén Darío Ríos, se limitó a remitir a la periodista a las estadísticas publicadas en la página electrónica del organismo, donde entre los delitos de mayor incidencia figuran robos a vehículos y a casas.

Los homicidios, las desapariciones y los secuestros no se asoman en la lista de los 10 delitos de mayor incidencia en un Estado que, según Torres Landa, «está en emergencia».

Si los agentes admiten que «no pueden hacer una investigación de campo (...) es porque se sienten tan indefensos, que no tienen la capacidad de ejercer sus funciones, eso suena muy cercano a un Estado fallido».

Y dicha situación no es exclusiva de Tamaulipas. «La lista (de estados) es ya realmente muy amplia», en una muestra de que la estrategia de Felipe Calderón de atacar en forma indiscriminada al crimen ha «fallado miserablemente», añade.

Aunque «el camino es incierto», Graciela dice que seguirá tocando puertas hasta que alguien la «voltee a ver».