Estados Unidos: Conspiración pro-Romney

La Cámara de Representantes de Estados Unidos, bajo control ultraderechista, aprobó una enmienda que formula restricciones a empresas extranjeras que hagan transacciones con países que consideren enemigos.

Brasil ha sido uno de los primeros en desaprobarla y luego del 7 de octubre próximo una delegación de su Cámara de Diputados viajará a Washington para hacerlo constar a sus legisladores.

Así lo declaró el pasado lunes en rueda de prensa con corresponsales extranjeros la líder parlamentaria brasileña Perpetua Almeida.

Según ella, jefa de la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional, el asunto también será abordado por la presidenta, Dilma Roussef, durante su próximo encuentro con Obama en ocasión de la 67 sesión de la Asamblea General de la ONU.

El 22 de agosto, la referida comisión envió una carta a sus colegas en Washington donde subrayó la inquietud brasileña por la aprobación de la “Enmienda Rivera” en el presupuesto del Departamento de Defensa para el 2013.

De acuerdo al texto, esa enmienda, “similar a la existente en la Florida”, impide firmar tratados con empresas extranjeras que mantengan negocios con países contra los cuales Estados Unidos haya aplicado sanciones.

Saben, añade la misiva, que el Senado estadounidense trabaja en su propia versión y alertan que, si dan luz verde a tal medida ello provocaría “daños incalculables” a empresas brasileñas.

El legislador norteamericano cuyo nombre lleva la mencionada enmienda es David Rivera, posiblemente la figura del Capitolio más extensamente investigada por sus hechos delictivos.

Fue impulsor en la Florida del proyecto de Ley 959, que prohibía a los hombres de negocios locales hacer transacciones con empresas extranjeras vinculadas a Cuba y Siria, porque, según Washington, mantienen lazos con el terrorismo.

A principios de mayo el gobernador de ese territorio sureño, Rick Scott, firmó la mencionada ley, algo que un periodista del Nuevo Herald, Alejandro Armengol, desde el 26 de marzo advirtió que era un paso inconstitucional y no casual en un año de elecciones.

A esa legislación se opusieron desde el primer momento la Cámara de Comercio de la Florida, Brasil y Canadá, los dos principales socios comerciales de ese estado.

El 8 de junio último la filial en Coral Gables, de la empresa brasileña Odebrecht S.A., presentó ante la Corte Federal de Miami una demanda contra la Florida por afectarla “violando la Constitución de Estados Unidos”.

A manera de acertado tiro de gracia, el texto reafirmó que la legislación firmada por Scott era inaplicable porque invoca medidas que no corresponden a esa instancia sino a leyes federales, algo ya sucedido con otras maquinaciones fracasadas.

El episodio golpeó muy fuerte a uno de sus cerebros conductores, la jefa del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Washington, Ileana Ros-Lehtinen.

Acudieron al Capitolio y allí lograron sacar adelante la enmienda de uno de sus hombres, David Rivera, que al trasladar a esa instancia el chasco sufrido en la Florida, le obsequian nuevos problemas a Obama.

Ello en medio de los dilemas que rodean a este último y cuando las conspiraciones ultraderechistas para imponer a Romney echan mano a cualquier excusa, humana o divina, en aras de alcanzar sus objetivos.