Venezuela rodilla en tierra frente a medidas coercitivas unilaterales

Tras un 2019 marcado por la implementación de acciones punitivas por parte de Washington contra la industria petrolera, las exportaciones de oro, así como el bloqueo de todos los activos del Estado venezolano en territorio estadounidense, la administración de Donald Trump extiende ahora el alcance de sus mal llamadas sanciones.

Ante la más reciente arremetida de la Casa Blanca, que tuvo como blanco el Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), las autoridades de Caracas presentaron esta semana una demanda en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad contra el pueblo de la nación sudamericana.

Venezuela clama por justicia, respeto al derecho internacional y la legalidad mundial ante las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos, aseveró al respecto el presidente de la República, Nicolás Maduro.

Durante una rueda de prensa desde el Palacio de Miraflores (sede del Ejecutivo), el mandatario instó al organismo internacional de justicia a actuar en defensa del derecho a la vida y la paz del país sudamericano, frente a lo que denominó una guerra estructural impuesta por el gobierno estadounidense mediante la aplicación de las agresiones económicas.

En tal sentido, Maduro recordó que Venezuela sufre la persecución de sus cuentas bancarias empleadas en la compra de insumos médicos y alimentos, en un acto de carácter criminal y violatorio del derecho internacional.

El jefe de Estado informó que se promoverá un conjunto de testigos y pruebas para exponer ante la Corte Penal Internacional y el mundo el suplicio del pueblo venezolano a raíz de la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales.

Al respecto, durante la presentación de la demanda el canciller, Jorge Arreaza, precisó que esta denuncia está debidamente sustentada, con análisis de expertos y dividida en diferentes sectores donde afectan las medidas coercitivas.

El jefe de la diplomacia venezolana denunció además que tales acciones procuran un fin político, un cambio de gobierno por vías anticonstitucionales.

De acuerdo con estimaciones del Centro de Investigación Económica y Política -con sede en Estados Unidos- las agresiones de carácter económico solicitadas por la oposición y aplicadas por la Casa Blanca son responsables de la muerte de al menos 40 mil venezolanos.

'Si la Corte Penal Internacional emprende las investigaciones y logra dar con los responsables encontrará a ciudadanos venezolanos que piden esas sanciones', señaló Arreaza.

En efecto, el anuncio de las acciones punitivas contra Conviasa siguió al encuentro sostenido entre el mandatario estadounidense Donald Trump y el cabecilla opositor Juan Guaidó, reconocido por Washington como presidente encargado de Venezuela, en un acto de usurpación calificado por Caracas como intento de golpe de Estado.

Tras una gira por Europa y Estados Unidos, país este último donde recibió el espaldarazo de la administración Trump en los planes de derrocar a las autoridades legítimas venezolanas, Guaidó recibió esta semana fuertes muestras de rechazo a su retorno llegada a la nación sudamericana.

El diputado de la Asamblea Nacional (Parlamento en desacato) arribó a Venezuela en un vuelo de la aerolínea TAP de Portugal, la cual permitió su abordaje en la aeronave con una identidad falsa, en claro desapego a las normas
internacionales sobre identificación de pasajeros, de acuerdo con la denuncia formulada por el gobierno bolivariano.

De igual manera, las autoridades identificaron que otro pasajero identificado como Juan José Márquez, familiar y acompañante del dirigente opositor, transportó materiales prohibidos y sustancias explosiva, que presumiblemente serían empleados en operaciones desestabilizadores.

Tales indicios ratifican los métodos violentos empleados por los sectores más radicales de la oposición en su empeño de derrocar al gobierno bolivariano, indicaron medios oficiales.