Escándalo en los Paralímpicos: un patrocinador niega ayudas a discapacitados

Acusan a un patrocinador de negar beneficios a personas discapacitadas como parte del programa para reducir los gastos.

Acusan al principal patrocinador de los Juegos Paraolímpicos de Londres 2012 de negar subsidios de desempleo a las personas con discapacidad física al catalogarlos como aptos para trabajar. La revelación hizo que cientos de activistas organizaran una protesta en la sede de la empresa.

Los juegos paralímpicos suelen ser el ejemplo más claro de superación de dificultades, un escenario donde las personas con discapacidades conquistan los corazones del mundo logrando hazañas asombrosas.

Sin embargo, el principal patrocinador -Atos- ha proyectado una sombra que eclipsa la belleza del evento.

Atos, compañía internacional de servicios de tecnologías de la información, es también la empresa que el gobierno británico ha contratado para evaluar la capacidad de trabajo de las personas con discapacidades. Ellos proporcionan informes al respecto, pero se le culpa de negar beneficios a personas discapacitadas como parte del programa para reducir los gastos en Reino Unido.

Las personas con discapacidad y otros activistas han viajado desde todo el país a la sede de la empresa para protestar por el patrocinio de Atos en los Juegos Paralímpicos.Se muestran unidos en su admiración por los atletas y dicen que una organización que persigue a las personas con discapacidad no debería tomar parte de este evento deportivo.

Tony Bradstock -uno de los discapacitados afectados- perdió su subsidio por completo durante seis meses después de pasar por una evaluación de Atos que lo catalogaba como apto para trabajar. Al no encontrar salida para mantener a su familia, intentó suicidarse.

"La evaluación de la capacidad de trabajo (hecha por Atos) dice que soy apto para trabajar, a pesar de que mi consultor en el hospital y mi doctor de salud ocupacional me dijeron todo lo contrario” dice Tony.

La compañía defiende sus prácticas y pasa la responsabilidad al Departamento Británico de Trabajo y Pensiones, que -según ellos- son los que toman las decisiones finales. Pero los activistas de derechos humanos dicen que es tan solo un intento de pasar la pelota para lavarse las manos.